Prueba de fuego
Hoy, todo el país estará pendiente de lo que suceda en el Juzgado Noveno de Circuito Penal de Panamá, a donde 14 personas, entre ellas, el ex presidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, deberán comparecer para enfrentar a la justicia por el presunto delito de blanqueo de capitales.
La investigación, que inició en el 2009 cuando José Ayú Prado fungía como fiscal contra el Crimen Organizado, tiene su génesis en un informe de la Unidad de Análisis Financiero, que detalla la ruta del dinero que obtuvo Shelf Holding, compañía familiar del ex gobernante, de la empresa Lucky Games, S.A.
Los abogados de Pérez Balladares, Henry Mong Woo, Vicente Abdiel Calderón Martínez, Ricardo Alberto Caputo, Adelio Greem Navarro, Rómulo Abad Couttte, Jeniher Eleyda Espino, Jaime Eduardo Espino Díaz, Saideth del Carmen Ortiz Chávez, Roosevelt Thayer Galindo y Carlos Eduardo González Carrasquilla, tendrán que demostrar la inocencia de sus clientes en una audiencia preliminar con mucho morbo.
Precisamente, es eso lo que tendrán que evitar los responsables de impartir justicia en este caso, en donde el matiz político no puede tener cabida.
Además, la condición de ex presidente de uno de los implicados tampoco puede influir en este proceso por lo que, para mayor transparencia, el acceso que tengan los medios de comunicación será vital para que la población conozca todo lo que ocurra.
Este hecho marca un hito histórico en el país y supone un peso extra para el Órgano Judicial, que en los últimos años ha estado sumido en constantes escándalos y denuncias de corrupción.
Es una verdadera prueba de fuego para el alicaído sistema de justicia panameño.
Más allá de la culpabilidad o inocencia de todos los imputados, la decisión debe estar basada en estricto derecho y respetando el debido proceso.
Para evitar suspicacias, la parte acusadora y defensora deben tener iguales derechos, responsabilidades y solo las pruebas deben revelar la verdad, tan ansiada en este caso de alto perfil.
