¿Pueblo contra pueblo?
Tratar de justificar un cierre de calle, cuando cientos de personas han resultado perjudicadas y se ha atentado contra la economía del país, es algo arriesgado.
Las escenas que se observaron ayer tanto en Pacora como en el área de Viguí, en Chiriquí, son para preocuparse. Los conductores atrapados en un tranque de varias horas deciden actuar y enfrentarse a los indígenas que por semanas han estado jugando con su derecho al libre tránsito.
Los grupos indígenas no pueden seguir actuando al margen de las leyes nacionales. Sus acciones rebasaron la tolerancia de los ciudadanos porque no pueden exigir respeto por un lado y por el otro, irrespetar al resto de los ciudadanos.
Mientras en Panamá la cacica Silvia Carrera recorre los medios de comunicación diciendo que existe voluntad de alcanzar un acuerdo y que sus protestas son pacíficas, en las calles el mensaje es completamente lo contrario.
Indígenas exaltados con palos y machetes, con barricadas de árboles y llantas encendidas impidiendo de forma arbitraria que las personas puedan llegar a sus trabajos y a sus hogares.
¿Quién asume los daños y perjuicios que los indígenas les causan a esas personas? Lo más seguro que nadie.
En la mesa de negociación la postura de los indígenas no ha variado ni un centímetro. Es una sola: no quieren ninguna hidroeléctrica en el país.
Esa decisión no es exclusiva del 5% de la población. Debe ser de todos los panameños que también tienen derecho a decidir.
El país no puede seguir bajo ese ambiente de incertidumbre. Las fuerzas dentro de la comarca indígena evidentemente están divididas.
Si se cancela la concesión de Barro Blanco, los indígenas deben asumir los costos económicos que le generará eso al país. Sería lo justo.
Una concesión es un compromiso legal y eso lo deben tener claro.
