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¿A qué están jugando, señores?


Los indígenas no han bajado la intensidad de sus protestas. A pesar de los acuerdos pactados en San Lorenzo se han reportado cierres de calles y manifestaciones no pacíficas en las afueras de la Asamblea.

El proceso de negociación entre los grupos que integran la Coordinadora y el Gobierno sigue abierto, pero cada día se dilata más.

Los indígenas insisten en que el Gobierno cancele la concesión hidroeléctrica de Barro Blanco sin considerar las implicaciones legales que tiene esta decisión.

Ignorando el llamado de monseñor José Luis Lacunza y los mediadores en este conflicto, los indígenas volvieron a cerrar completamente la vía Interamericana perjudicando a cientos de personas.

El diálogo y la mediación deben prevalecer, de eso no existe duda. Sin embargo, es imposible lograr algún acuerdo cuando una de las partes se resiste a ceder.

La concesión de Barro Blanco no está dentro de la comarca indígena ni de las áreas anexas. El proyecto se encuentra en un sector cercano a las mismas.

En medio de toda esta crisis existen grupos políticos y líderes ambientalistas que no están aportando nada al debate. Es reprochable que llamen a los pueblos indígenas a rebelarse contra el Gobierno. Un cierre de calle, sobre todo la vía Interamericana, no afecta solo al Gobierno, sino a miles de ciudadanos. Esta forma irresponsable de protestar golpea también la economía del país.

¿Cómo quieren ganar el respaldo de la población si vulneran su derecho a transitar? La mayoría de los panameños rechaza los cierres, eso es una realidad.

Si el Gobierno decide aceptar las exigencias de los indígenas, todos los contribuyentes deberán pagar las consecuencias. La empresa afectada no dudará en demandar, y si hay que indemnizar, entonces ese dinero saldrá de los fondos públicos.