¡Que la justicia comience por casa!

El Tribunal Electoral tiene más de dos mil funcionarios cuya permanencia y la seguridad de sus medios de subsistencia depende, exclusivamente, de los tres magistrados.

La reciente salida de sus cargos, por razones aún no bien aclaradas, de la Secretaria y Subsecretaria Generales del Tribunal Electoral, vuelve a actualizar la necesidad de que se instituya la “carrera del servicio electoral”, que proteja a todos los funcionarios de esa corporación de la inseguridad de ser “de libre nombramiento y remoción”, o sea, dependientes de la voluntad o el capricho de los magistrados.

Frente a las dudas y cuestionamientos que ha generado la salida de dos funcionarias de tan alta jerarquía y los rumores de vienen más “renuncias y destituciones”, los magistrados han reaccionado, aseverando que en la institución hay normalidad y que el personal goza de estabilidad. El argumento es falaz, porque la supuesta estabilidad se fundamenta en “la estabilidad de quienes los escogen y nombran”. De los actuales magistrados, dos han sobrepasado o están a punto de sobrepasar 20 años en sus cargos y algunos que han salido, pretenden regresar. Cada uno se ha preocupado de hacerse con una parcela de nombramientos y de cuidarla.

Pero esa forma de estabilidad contraviene los principios de una sana administración pública, que debe fundamentarse en procesos transparentes de selección y de ascensos por méritos, en lugar de estar casada con “la benevolencia y permanencia” de los magistrados.

Una de las más grandes lacras de nuestros sistemas políticos es “el clientelismo”, que subordina a decenas de miles de empleados públicos a los vaivenes electorales. Cada cambio de gobierno, también lleva aparejada la incertidumbre para muchos miles de hogares y la sustitución de los vinculados a los perdedores por los que apoyaron a los ganadores.

Supuestamente, los servidores públicos debieran tener garantizada la estabilidad en sus cargos; pero ante la ausencia de una real y verdadera carrera administrativa, ya hemos llegado al extremo de considerar como normales “las botaderas” y las sustituciones quinquenales de empleados públicos. Esa “perversa institucionalización de la inseguridad” de los funcionarios públicos no cambiará de un día para otro; pero sería saludable que, para poner el ejemplo, la justicia comience por casa y que la entidad que se dice guardiana y promotora de la democracia, antes que insistir en rodearse de más poderes y autonomía, para hoy, que no mañana, subsane su larga mora y establezca la pendiente y necesaria “carrera del servicio electoral”.