¿Quién controlará?
Diversos grupos de la sociedad civil se reunirán mañana en el Colegio Nacional de Abogados (CNA) para adherirse al movimiento organizado en contra de los nombramientos para contralor y procurador por acuerdos de tipo partidario del gobierno panameñista y del PRD. La ciudadanía conoce que el gobierno que preside Juan Carlos Varela es blanco de denuncias por su injerencia inconstitucional en nombramientos que corresponden a la Asamblea Nacional. El candidato a contralor apoyado por el Gobierno se identifica en un grupo económico contribuyente al financiamiento de la campaña electoral de Juan Carlos Varela que controla bancos, compañías de pesca, estaciones de gasolina, etc. Por su lado, el PRD pretende escoger al contralor entre miembros calificados del partido, adulterando la potestad constitucional del Órgano Legislativo en la materia.
El CNA y la sociedad civil se oponen resueltamente a que funciones claves en la estructura estatal sean el resultado del tráfico vulgar de intereses de los dos partidos oficialistas, por encima de los valores éticos y jurídicos que demanda la comunidad panameña. La convocatoria de la sociedad civil apunta a que tanto el contralor como el procurador sean nombrados por consenso entre los numerosos y destacados profesionales independientes de partidos políticos.
El perfil elaborado por el CNA establece requisitos de idoneidad profesional y de apoliticismo de tipo partidista que no ostentan el diputado Leandro Ávila y Federico Humbert, porque uno es militante de partido y miembro de la bancada del PRD y el otro postulante tiene nexos con el régimen como donante de la campaña varelista y alentador notorio de la candidatura de Varela. Estos lazos políticos inexorablemente crean dependencias antagónicas a los intereses del país que no pueden subordinarse a compensaciones por apoyos de grupos económicos ligados al Gobierno o de favoritismos parlamentarios.
El deterioro del Estado de Derecho se ha convertido en una constante gubernamental. Las ambiciones hegemónicas destruyen el ordenamiento constitucional denigrando el equilibrio de los poderes públicos. El Órgano Ejecutivo invade sin escrúpulos las funciones del Órgano Legislativo mediante un mecanismo apócrifo llamado acuerdo de gobernabilidad que busca copar sin límites ni restricciones la administración estatal, como lo confirman las sublevantes negociaciones acerca de la Contraloría y la Procuraduría. No existe virtualmente la oposición en la Asamblea porque el PRD traiciona su rol fiscalizador para poder lucrar con puestos públicos a los que no tiene derecho debido a su aplastante derrota en las elecciones. Les ha puesto precios burocráticos a sus votos que el Gobierno negocia en cada coyuntura.
Los órganos Ejecutivo y Legislativo, así como el Tribunal Electoral forman una tríada organizada contra el sistema democrático. El Tribunal Electoral acepta impugnaciones inadmisibles que no concuerdan con las causales de nulidad del Código Electoral, representando una injerencia anticonstitucional de alto calibre en contra de funciones exclusivas de la Contraloría General y el Tribunal de Cuentas en la fiscalización del gasto público.
La naturaleza de los regímenes políticos se delata por los actos de gobierno antes que por la oratoria de los caudillos. La eliminación de la oposición y el control de los organismos públicos son algunas características de los regímenes autocráticos. Se dan pasos que nos alejan cada vez de la democracia representativa. Se gobierna sin oposición legislativa. La sociedad civil debe salir al paso del autoritarismo y la línea con Cuba y Venezuela.
