Realidad incómoda
La noticia de que el presidente Juan Carlos Varela ha decidido realizar un aumento a las jubilaciones y pensiones de los jubilados y pensionados posiblemente sea para estos no solo un motivo de júbilo, sino un precedente importante en materia de sus reivindicaciones sociales, las cuales históricamente siempre se han enmarcado en el aspecto económico. En este sentido, esta medida institucional (el aumento) no es de ninguna manera una medida ejemplar, menos aún refleja un precedente significativo. Recordemos que ya en el periodo del anterior presidente se había realizado un ajuste a las pensiones y jubilaciones de estas personas.
Si bien es cierto que la problemática de las personas adultas mayores en Panamá (jubiladas y pensionadas o no) tiene en alguna medida que ver con lo económico, llámese $120 a los 65, o aumento en pensiones y jubilaciones, la evidencia demuestra que esta disposición solo serviría de parche a corto plazo, ya que la realidad demográfica muy pronto empezará a exigir mayores beneficios institucionales para estas personas mayores en general.
Al igual que otros países de la región latinoamericana, Panamá se encuentra en pleno proceso de envejecimiento poblacional, lo que significa que nuestra sociedad está envejeciendo rápidamente. Este hecho no ha sido evidenciado aún por las autoridades gubernamentales o, peor aún, se ha identificado, pero no se han realizado acciones institucionales que incidan más allá de lo económico.
Costa Rica, otro país que experimenta el envejecimiento de su sociedad, ya ha tomado medidas ejemplares. Así, desde 1999 se legisló la Ley 7935, intitulada Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, con miras a que por medio de la misma no solo se interviniera institucionalmente en las problemáticas y complejidades de sus ciudadanos de oro (término asignado a la persona adulta mayor en Costa Rica), sino que a su vez fuera un referente constitucional que protegiera los derechos cívicos, políticos y sociales de esta población. De más está decir que esta nación centroamericana no solo generó una política gerontológica para sus adultos mayores en general, sino que además creó el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), el cual es el ente rector y garante de la aplicación de dicha política.
De esta manera, aunque los adultos mayores se sientan jubilosos por las actuales medidas económicas, no deben olvidar que solo son paliativas de corto plazo, lo que implica que no tardará en hacerse presente el alto costo de la vida, el cual cada año es mayor. Si existiera una política integral para las personas adultas mayores en Panamá, esta se encargaría no solo de velar por sus necesidades económicas, sino también educativas, de salud, de transporte, de vivienda, etc.
Por ende, más allá de congratularse por la obtención de medidas incipientes y espurias a largo plazo, los adultos mayores en general deben luchar por la constitución de un cuerpo institucional que garantice su bienestar social como ciudadanos (jubilados o no). De no hacerlo, debemos prepararnos el próximo año para nuevas protestas de aumento de pensiones y jubilaciones.
