Reclamos indígenas: derechos humanos y otras violaciones

Los acontecimientos suscitados por los reclamos indígenas, con respecto al Código Minero y la construcción de hidroeléctricas en “territorio” de la comarca Ngäbe - Buglé, nos llevan a las siguientes reflexiones: hasta qué punto fue beneficioso para el país entregar tal cantidad de tierra de la patria común a un grupo minúsculo de ciudadanos panameños con alta incapacidad de administrar eficientemente dicho territorio, considerando la cantidad de riqueza en recursos naturales que existe allí.

Hoy estamos pagando por la estupidez de políticos con ínfulas de papás de los desposeídos, cuando se debió integrar estos ciudadanos al desarrollo del país sin dividirlos en etnias, lo que hubiera permitido mantener el Estado y la Nación libre de divisiones territoriales y sociales, evitando las actitudes discriminatorias que hipócritamente queremos esconder.

Con los acontecimientos aludidos han surgido defensores de los indígenas, y hasta se han hecho parientes llamándolos “hermanos indígenas”. Tanto que se luchó para eliminar el enclave en la Zona del Canal y hoy convivimos con cinco enclaves dentro de un territorio que no pasa de 70,000 kilómetros cuadrados (a qué genio se le ocurrió esta división).

Las comarcas Ngäbe-Buglé, Wargandí, Madugandí, Emberá y Guna Yala son parte del Estado panameño, sus habitantes pertenecen a la nación común, pero se manejan muchas veces como Estados independientes. ¿Es esto lógico? Se ha visto que muchas veces las autoridades comarcales son las que dan permiso para circular por dicho territorio y hasta quieren cobrar tasas para ingresar al mismo.

Esta permisividad ha llevado a estos ciudadanos a ser impunes a las violaciones constitucionales y a las leyes vigentes. Ellos pueden cerrar vías nacionales e internacionales, secuestrar ciudadanos nacionales o extranjeros, destruir propiedades estatales, violar los derechos humanos de ciudadanos nacionales y extranjeros por días enteros, y el resto del país y las autoridades tienen que ser meros espectadores.

¿Es justa la actitud de la defensora del Pueblo apoyando a un indígena violador de las leyes, mientras durante seis días se violaron los derechos de ciudadanos extranjeros privándolos de circular hacia sus países de origen, se violaron derechos de ciudadanos panameños enfermos y comerciantes que perdieron sus productos sin ningún tipo de resarcimiento económico, se violaron derechos de autoridades del orden, los que tuvieron que soportar golpes, pedradas e insultos?

Es lamentable que se tergiverse los acontecimientos ocurridos. Algunos diarios, en su afán de perjudicar al gobierno actual, esconden verdades tácitas; la idea es inculcar en el pueblo que el malo de la película es el Gobierno. El periodismo se ha parcializado tanto que hasta duele, diarios que antes considerábamos no tendenciosos hoy lo son; es triste. Todo gobierno tiene cosas buenas y malas, pero no creo que solo se deban considerar solo las malas; no es ético. Y debía avergonzarnos esta actitud. Cómo podemos dormir tranquilos, ver a la cara y darles consejos éticos y morales a nuestros hijos y familiares cuando nuestra actitud no es la correcta; cómo asistir a nuestros cultos religiosos y sentarnos frente a Dios (no lo vemos pero está ahí), pensando que estamos engañándolo.

Se ha martillado tanto la idea que todo lo que hace el Gobierno es malo que el pueblo en su ignorancia se lo ha creído, al punto que vemos que en las encuestas de opinión la percepción de la población es negativa (menos del 50%) con respecto al desempeño gubernamental. ¿Era esa la meta? Volviendo al asunto de las comarcas, mi opinión es que nunca se debió dividir este país de esta forma, las comarcas deben pertenecer a la patria común, sin más leyes que la que tienen los distritos, sujetos a las leyes, códigos comunes, y que el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial actúen sin restricción alguna; esto eliminaría las etnias y el término “indígena”, rigiendo solo la ciudadanía panameña.

Se debe devolver los territorios tomados de las provincias y convertir las comarcas en distritos de la provincia donde están localizados; esto permitiría que todos los nacionales usufructúen de las riquezas del territorio panameño.

Colaboradora.