Reflexiones en torno a la lucha contra la corrupción
La lucha contra la corrupción en el sector público, que siempre incluye una contraparte privada, es un elemento indispensable para un desarrollo alternativo democrático, socialmente equitativo y ambientalmente sano. Se trata, entonces, de tener claro que es una necesidad tanto ética como económica. Ética en el sentido de que permita el desarrollo de valores sociales distintos al de un modelo de sociedad basado en la idea de “enriquecerse a como dé lugar”, elemento característico del neoliberalismo. Económica en el sentido de que permite que los recursos públicos estén disponibles y no se desvíen de su uso social solidario.
Desde el punto de vista de la equidad es indispensable exigir una auditoría social profunda sobre la deuda pública, tanto interna como externa, a fin de establecer qué parte de la misma proviene de actos ligados a la corrupción. Esto sería un paso necesario para asegurar que ni un solo centavo de la deuda pública que sea el producto de la corrupción sea pagada a costa de la población. Más aún, el Gobierno desde ya tendría, como medida cautelar urgente, que suspender el pago de la deuda de aquellos proyectos en los que existe una sospecha fundada de corrupción.
LO QUE EL PAÍS NECESITA ES REFUNDAR TODAS SUS INSTITUCIONES BÁSICAS A FIN DE ASEGURAR LA TRANSPARENCIA Y ERRADICAR LA CORRUPCIÓN. PARA ESO HACE FALTA DOTARLAS DE AUTORIDAD, INDEPENDENCIA Y RECURSOS SUFICIENTES, A LA VEZ QUE SE SOMETEN A LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD.
El proceso de desarticular la corrupción debe realizarse desde una óptica que incluya una visión institucional. Tal como lo entendieron hace ya mucho los economistas de la escuela institucionalista original, entre los que se destacan Thorstein Veblen y Jhon Commons, lo importante aquí es entender el papel de las instituciones como mecanismos con capacidad de inclinar la conducta de los agentes sociales en una u otra dirección. Esto significa que la lucha contra la corrupción tiene la necesidad de exigir la desaparición de todas y cada una de las instituciones perversas que promueven la corrupción. Este es el caso, por ejemplo, del Programa de Ayuda Nacional (PAN). Es preciso, además, generar nuevas instituciones en las que la estructura de incentivos de las mismas esté claramente alineada con el uso de los recursos a favor del bienestar de la población, en un esquema de probidad administrativa y rendición de cuentas.
Es también importante entender que las instituciones solo funcionan adecuadamente como tales si contienen un mecanismo de forzoso cumplimiento que opera con efectividad. Esto significa eliminar la impunidad y establecer la certeza de la sanción, independientemente de la condición económica, social o política de quienes infringen las normas. Esto, entre otras cosas, implica la presencia de organismos independientes de control y de una justicia que opere con certeza y oportunidad en el tiempo.
Lo que el país necesita es refundar todas sus instituciones básicas a fin de asegurar la transparencia y erradicar la corrupción. Para eso hace falta dotarlas de autoridad, independencia y recursos suficientes, a la vez que se someten a la vigilancia de la sociedad. La idea –que ahora algunos proponen– de prácticamente privatizar las tareas vinculadas con el seguimiento y las auditorías de los recursos públicos, en vez de intentar refundar el Estado, para darle un carácter nacional y democrático, constituye una forma de profundizar los procesos de privatización que tanto daño le han hecho al país y que, indudablemente, constituyen una fuente de formas corruptas de depredación del patrimonio nacional.
El éxito en la erradicación de la corrupción rampante que hoy agobia al país pasa, además, por la transformación del actual sistema electoral de la partidocracia. Este permite que las costosas campañas políticas, financiadas por fondos privados, facilitando que los grandes intereses económicos del país prácticamente logren cooptar a los futuros funcionarios, generando así las condiciones para practicar la corrupción basada en la acumulación por desposesión, la cual convierte al Estado en una simple máquina de acumulación de ganancias para los sectores dominantes.
La lucha contra la corrupción también debe basarse en la idea de que este flagelo social no está circunscrito al ámbito público. No solo es cierto que por cada funcionario corrupto existe un corrupto del sector privado. También es cierto que existe una amplia gama de formas de corrupción provenientes del sector privado que deben ser combatidas: la especulación con los artículos alimenticios; la especulación con los medicamentos; la presencia de intereses leoninos por parte del capital financiero; el abuso hacia los trabajadores sociales con el incumplimiento de las leyes sociales, incluidas las de la seguridad social; la evasión de los impuestos; así como la publicidad engañosa y otros. El adecentamiento también pasa por la eliminación de estas formas de corrupción, de no hacerse esto se dejaría vivo el germen de la corrupción.
