Reforma integral
La Ley 80 que dio paso a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), empezó mal y si no se hacen los correctivos a tiempo, terminará peor.
A poco menos de cumplir dos años, la institución cuyo propósito de creación fue la de otorgar título de propiedad a las familias más humildes, se ha visto salpicada por sucesivos escándalos que acabaron con la renuncia de la jefa de Titulación y del administrador ejecutivo de la entidad.
Su decisión de abandonar el cargo para que se iniciaran las investigación por presuntas irregularidades, aunque tardía, fue la más acertada.
Pero aún no se cierra el penoso capítulo de la titulación de 11 mil metros cuadrados de terreno en la exclusiva zona de Punta Paitilla, a nombre de un pintoresco florista y el de otras figuras cercanas al poder, cuando salen a relucir hechos que, aunque pareciesen legales, tienen ribetes inmorales.
Aunque en esta oportunidad la ANATI abrió sus libros para transparentar los procesos, tras una solicitud de este diario, las sorpresas de tramitaciones de títulos de propiedad de costas e islas en todo el país, con gran potencial turístico, son mayúsculas.
Ministros, políticos, presidentes de los grupos empresariales más influyentes en Panamá y hasta hace pocos días la ex directora de Titulación de la ANATI han aparecido en el listado oficial, cuyos procesos están en trámite.
La ley que creó la ANATI, a pesar de las buenas intenciones con que se aprobó, requiere cambiosintegrales urgentes, pues los beneficios no los están recibiendo quienes verdaderamente los necesitan.
Para lograrlo, el debate franco y sin politiquería debe darse ya, antes que las tierras en el país, no les lleguen a todos.
