Reformas urgentes a la política
La sociedad panameña reclama cambios en la vida política y un mayor control sobre los políticos. Pocos son los que hoy dudan acerca de la necesidad de buscar alternativas a una manera de hacer política que echa leña al fuego de la corrupción, premia la ineptitud y exacerba la discrecionalidad del poder.
Pocos son también los que toman parte en el debate de las reformas electorales, cuya nota distintiva es la confusión sobre el modo en que las propuestas se relacionan con los problemas que se quieren resolver.
Los políticos no son confiables ni representativos, se dice, porque no sólo malversan los fondos sino también la voluntad de los electores en beneficio de ellos mismos. Este dicho refleja el malestar de los ciudadanos, pero su sabiduría es engañosa: esconde concepciones que los partidos son máquinas burocráticas destinadas a entorpecer el despliegue espontáneo de los ciudadanos independientes, quienes reúnen las virtudes cívicas que los políticos de profesión habrían perdido.
Cierto es que los conflictos dentro de los partidos, fruto de los bloqueos a la renovación de la dirigencia, las manipulaciones clientelistas y la burocratización, han contribuido a acrecentar la brecha entre los representantes y los representados. Los escándalos de corrupción y la proliferación de prebendas que buscan controlar parcelas del poder han generalizado el descrédito de los políticos y renovado la demanda por nuevas formas de participación ciudadana en los asuntos públicos.
La demorada reforma electoral que el país necesita tiene que atender dos cuestiones cruciales para responder a la demanda de mayor transparencia, representatividad y eficacia del sistema de partidos. En primer lugar, se necesita de controles idóneos e independientes del poder político. La normativa electoral es la clave para hacer efectivo ese control, al igual que un sistema de garantías que asegure la autonomía de un Tribunal Electoral especializado y con competencia independiente, requisito sine qua non en un país como el nuestro, con poderes del Estado concentrados y entreverados. Si esto no se garantiza, la sospecha que se cierne sobre los procesos electorales acechará a los panameños y creará la desconfianza.
Males como la falta de transparencia no pueden combatirse con la sola modificación de la legislación electoral. Centrar la reforma en las modalidades de elección de los candidatos crea la ilusión de cambios drásticos e inmediatos, pero que poco tienen que ver con los males a remediar. Las reformas electorales marcan el inicio de un proceso de transformaciones que exige quebrar las resistencias de los que están en el centro mismo del poder político, y demanda una alta dosis de innovación política dentro y fuera de los partidos para replantear las relaciones entre los ciudadanos, la política y el Estado.
La segunda gran cuestión remite al diseño de mecanismos de gestión ciudadana de los asuntos públicos que acercan la política a los ciudadanos. Innovaciones como ésta suponen romper la vieja dicotomía que identificaba lo público con el Estado y lo privado con la sociedad. Los asuntos públicos no son de exclusivo dominio del Estado, son también asuntos de la sociedad y por ello deben ser sometidos al escrutinio público. Mejorar la calidad de la representación es condición necesaria pero no suficiente para que los ciudadanos se interesen en la política.
Sabemos que el desinterés es el rasgo común de las democracias contemporáneas. Pero igualmente consideramos que la ciudadanía debe tener la oportunidad de participar en el proceso político, libre de amenazas y coacciones fiscales. La respuesta ciudadana ante los problemas de fondo, allí donde el aparato del Estado muchas veces no puede llegar por sí solo, es una muestra elocuente de nuevas formas de intervención de los ciudadanos en la vida pública. Ampliar los canales de participación y de control de la gestión política debe ser la piedra angular de una reforma cuya meta sea transformar la vida política panameña.
