Regla general
La Asamblea Nacional de Diputados aprobó esta semana, en primer debate, el proyecto 293, que reforma la Ley de Transparencia para hacer obligatorio que las Organizaciones No Gubernamentales y los diferentes sindicados publiquen en sus páginas web y en el Nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo la información sobre el uso de los fondos públicos que reciben.
La propuesta para que las organizaciones que reciben dinero que pertenece a todos los panameños muestren sus libros “parece” buena, sin efecto esa es la intención.
Impulsar esta iniciativa con subterfugios para obtener información con la cual maniatar a los sindicatos más beligerantes en el país resulta deleznable.
Los dirigentes reclaman una mayor consulta del proyecto, pues aducen que aprobarla a tambor batiente violaría el Convenio 98 que protege su libertad sindical.
Sin embargo, ellos también deben reconocer que así como existen derechos, les asisten ciertos deberes para con la población que aporta los millonarios recursos económicos para que puedan funcionar.
Pero si bien las autoridades buscan una herramienta para transparentar el uso de los fondos públicos, bien pueden ir cumpliendo la ley que ellas mismas están violando.
Muchas entidades del Estado se mantiene morosas con la publicación trimestral de sus planillas en el Nodo de la Defensoría del Pueblo y, en ocasiones, violan la Ley de Transparencia en cuanto al acceso a la información.
Es hora de que los llamados a exigir el cumplimiento de las leyes en este país, de una vez por todas empiecen a dar el ejemplo a seguir. Si esto sigue, los únicos que seguirán perdiendo serán los panameños.
