Regresión de precios: ¿solución o medida electoral?
Durante la mayor parte de su mandato, la actual administración gubernamental interpretó los fenómenos inflacionarios observados en el país, los cuales han impactado especialmente a los productos de primera necesidad, como un simple reflejo de las variaciones de precios a nivel internacional. De esta manera, la inflación se presentaba como un fenómeno inevitable y que, además, no se podía hacer nada en términos de la política económica existente.
Sin embargo, frente a la inminencia del proceso electoral y la creciente incomodidad de la población, el Gobierno Nacional intenta a última hora variar su posición introduciendo la idea de un programa de regresión de precios, el cual consiste en subsidiar seis productos: arroz, aceite, espaguetis, huevos, tuna y lentejas.
Frente a esta propuesta resulta necesario realizar una evaluación serena y científica a fin de establecer si la misma constituye una real solución o si, por el contrario, estamos frente a una medida de contenido estrictamente electoral.
En la dirección propuesta es útil establecer el alcance de la medida en relación a su posible impacto en el costo de vida de la población. Para tal fin, en primer lugar, se puede calcular la ponderación que tendrían los artículos afectados por la medida en la canasta de consumo completa que se expresa en el índice de precios al consumidor de los distritos de Panamá y San Miguelito, el cual es calculado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadísticas.
El resultado de este procedimiento lleva a la conclusión de que los seis productos apenas representarían el 2.3% del consumo total típico de los panameños y panameñas de estos dos distritos. Se trata de un total relativamente bajo, el cual llama la atención sobre la insuficiencia de la medida propuesta en términos de su impacto sobre los procesos inflacionarios, si entendemos que las necesidades básicas de la población no se reducen a los gastos de alimentación, sino que contienen otros elementos centrales como vestuario, transporte, salud, educación, gastos del hogar (incluyendo agua y electricidad), y entretenimiento.
Aún si nos mantenemos exclusivamente en los gastos vinculados con los alimentos y las bebidas, encontramos que los seis productos a los que se refiere el Ejecutivo tienen un impacto bastante limitado sobre el costo de vida. En efecto, si el análisis se restringe al total de los elementos que hacen parte, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, del consumo de alimentos y bebidas el posible impacto de las medidas anunciadas por el presidente de la República apenas alcanzan al 7.2% de los gastos totales.
Si se toma como referencia la canasta básica alimenticia del Ministerio de Economía y Finanzas, se deben establecer dos aclaraciones. En este caso, como se destaca en el llamado criterio de Orshansky, esta canasta básica de cincuenta productos solo es válida para personas que se encuentran cercanas, es decir en el contorno de la línea de la pobreza, así como para familias con 3.84 miembros.
Lo interesante es que aún en este caso, los productos propuestos como objeto de subsidio por el Ejecutivo alcanzan a tan solo el 16.5% del costo de la canasta básica alimenticia.
En relación al instrumento utilizado para lograr el objetivo de política económica, el mismo muestra tres importantes fallas. En primer lugar, dado que una buena parte de la inflación de los precios alimenticios proviene de la especulación comercial, el subsidio simplemente mantiene sin modificación las ganancias especulativas, premiando esta actividad improductiva. En segundo lugar, al no eliminar las ganancias especulativas, se traslada una parte de su costo al erario público, lo que significa que el Gobierno deberá cobrar más impuestos, endeudarse más o recortar otros programas sociales para hacer efectiva su política. En tercer lugar, en realidad se trata de un subsidio que beneficiará a los comerciantes importadores y distribuidores de víveres y no a los productores. En este sentido, la medida propuesta por el señor presidente de la República tendrá poco impacto en estimular la producción nacional y avanzar hacia la seguridad y soberanía alimentaria.
Es posible, en base a todo lo anterior, concluir que nos encontramos frente a una política que tendrá, en el mejor de los casos, un impacto poco significativo en términos del objetivo propuesto respecto del costo de vida, la cual, además, no atiende el problema de la especulación comercial como causa estructural del problema. Se trata de una medida que sostiene la ganancia especulativa a costa del fisco, mientras que no promueve la necesaria seguridad y soberanía alimentaria. Nos encontramos, entonces, frente a un hecho estrictamente electoral.
