Remilitarización de la fuerza pública

   Mientras el panameño de a pie se encontraba distraído en sus desgracias: falta de agua potable de forma regular y eficiente en todo el país, pésimos servicios públicos de salud (Ministerio de Salud y CSS), deficiente recolección de la basura en las ciudades cabeceras de provincias e importantes distritos del territorio nacional, especulación salvaje en los precios de los alimentos, medicinas y bienes inmuebles, deterioro de calles y carreteras, notable inseguridad, entre otros males que  aqueja a la mayoría de la población panameña, el gobierno de la fracción oligárquica-varelista continuaba su marcha inexorable hacia la remilitarización de la Fuerza Pública, en efecto, ha establecido jubilaciones de siete mil dólares ($7,000.00) para comisionados y subcomisionados que desempeñan o puedan desempeñar cargos de directores y subdirectores nacionales, y de ministros y viceministros, (Decreto Ejecutivo 302 de 2016). Así como también ha promulgado en la Gaceta Oficial N.° 28004-A, el Decreto Ejecutivo N.° 209, “Que crea el Grupo Interinstitucional Anticorrupción y dicta otras disposiciones”,  con el supuesto objetivo de “prevenir delitos contra la corrupción y delincuencia organizada, con la participación y colaboración de los organismos de seguridad pública”. Ambas normas presentan visos de inconstitucionalidad.  
     Por otro lado,  del objeto, integrantes y funciones asignados por el Decreto 209 al Grupo Interinstitucional Anticorrupción (GIA), podemos afirmar  que colisiona con varios artículos de la Carta Magna. En primer lugar, viola el artículo 17 porque se ordena atribuciones a organismos auxiliares (Fuerza Pública), que son competencia de las autoridades debidamente establecidas en la    Constitución y especialmente se vulnera el Artículo 220 de la Carta Magna en sus numerales 3 y 4, esto es, atribuciones conferidas al Ministerio Público.
Pero independiente del análisis jurídico del cual son susceptibles los decretos de marras, el Gobierno acaricia una intención política con estas normativas, es decir, militarizar a los entes de seguridad pública, congraciarse con el grupo de militares beneficiados con la absurda medida de jubilación y dotar a la Fuerza Pública de mecanismos de control social orientados no solo a combatir la corrupción institucional y la penetración del crimen organizado en los entes de seguridad pública, sino también ejercer represión, vigilancia ilegal e intimidación sobre la sociedad civil y política.
     Medida que se inscribe entre muchas otras dirigidas a la intervención militar institucional, tales como la designación de militares en la dirección de todos los “servicios de policía” y del propio Ministerio de Seguridad. Igualmente, las descomedidas declaraciones del jefe de la Policía Nacional, autoproclamándose AUTORIDAD. Así como también la usurpación de funciones de la Policía Nacional en San Miguelito, al impedir el desarrollo, en toda su extensión, del desfile cívico en la comunidad de Torrijos-Carter, el pasado domingo 4 de septiembre, debidamente facultado por la autoridad local competente.
     Por todo lo anterior, no está de más recordarles al movimiento social panameño, a los demócratas, a las fuerzas políticas y al panameño de a pie cómo se forjó el militarismo (“Remonismo”) en las décadas 40 y mediados del 50 del siglo pasado cerrándose el ciclo de autoritarismo oligárquico liberal con el golpe militar de 1968, así como la célebre frase popular atribuida a Nicolás Avellaneda: “Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla”. ¡Así de sencilla es la cosa!
Abogado y analista político.