Represalia política
La inclusión de exministros, diputados de Cambio Democrático (CD) impugnados y militantes del partido presidido por Ricardo Martinelli, constituye un acto de represalia política disfrazada bajo el nombre de revocatoria de indultos. Los firmantes de los decretos de revocatoria de los indultos, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, y el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, aliados políticos, pueden ser denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones de estos y, también, ante la justicia panameña por la intromisión en la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Electoral (TE).
Las firmas de los jefes de los partidos políticos gobiernistas desnudan la naturaleza política de la represalia dirigida contra diputados impugnados de CD, ex- ministros y miembros del partido.
El procurador de la Administración, Oscar Ceville, recomendó que las revocatorias fueran trasladadas a la Corte Suprema de Justicia, tal como antes se hizo. Pero la obsesión de venganza de Varela es incontenible. Pero una venganza muy bien administrada en contra de los diputados electos de CD, sometidos a impugnaciones por los derrotados en las elecciones del cuatro de mayo.
De hecho, pero no de derecho, Varela se ha convertido en presidente de la Corte Suprema y del TE, aunque teniendo a Erasmo Pinilla no necesitaba hacerlo. El país está frente a un caso flagrante de extralimitación de funciones, tipificado por la Constitución, porque el decreto le asigna valor de prueba, el decreto publicado entre gallos y medianoche en la Gaceta Oficial.
El decreto queda para la historia de las represalias políticas. Los considerandos expresan que “el Estado panameño está obligado a combatir la impunidad por todos los medios disponibles, ya que propicia la repetición crónica de las violaciones de los derechos humanos y la indefensión de las víctimas y sus familiares”. Puede involucrarse en el considerando a los policías incursos en procesos por delitos comunes como los homicidios de pescadores y menores de edad.
Pero difícilmente se podría cobijar bajo esas premisas pseudo-jurídicas a los políticos de oposición por supuestamente atentar contra la personalidad interna del Estado y los delitos electorales para lo cual solo tiene competencia el TE. El decreto le tira línea al TE, remarcando el colaboracionismo político con una entidad otrora apolítica, pero hoy viciada por las opiniones políticas de Erasmo Pinilla. Además, como debemos reiterar, el decreto tergiversa las funciones presidenciales fijadas en la Carta Política.
Los delitos políticos no existen en el Código Penal. Los delitos contra la personalidad interna del Estado, invocados por el decreto de marras, se definen como el alzamiento de armas para derrocar al Gobierno; y se inculpa a los que organizan rebeliones, sediciones, motines y tomen el mando de tropas, plazas, puestos de seguridad pública, o se apoderen de estaciones de radio, televisión, telegrafía.
Como el Código Penal no concuerda con los considerandos de la revocatoria de indultos, no se tiene otra explicación de que el Gobierno sigue obsesionado en ajustes de cuentas con el partido que obtuvo el segundo lugar en las elecciones y logró 30 diputados. Lanza denuncias a diestra y siniestra, cambiando la presunción de inocencia por la de culpabilidad. El sistema jurídico está en crisis.
