Repulsa pública
Las denuncias de presunto cobro de diezmos a los funcionarios del Registro Público para financiar las aspiraciones políticas de su director, Luis Barría, lo menos que producen es escozor.
Hay que darle el derecho de presunción de inocencia a Barría y la posibilidad de que se defienda de estas acusaciones antes de emitir cualquier criterio en torno a la veracidad de las denuncias.
Sin embargo, las acusaciones publicadas por este diario provienen de varios de los presuntos afectados, quienes además mostraron boletas de depósito bancario a una cuenta en la que hasta hace poco Barría tenía participación.
Las denuncias no deben quedarse únicamente en la esfera administrativa, las autoridades jurisdiccionales tienen que entrar a conocer sobre ellas por lo delicado de su naturaleza.
El cobro de diezmos a funcionarios evoca una época oscura de la política criolla panameña, cuyo regreso no debe tolerarse bajo ninguna circunstancia.
La clase política panameña, nuevamente, es blanco de acusaciones bochornosas que erosionan aún más su desgastada credibilidad.
Estas prácticas atentan contra los derechos fundamentales de los funcionarios, quienes tienen derecho a gozar de un trabajo en el Estado sin presiones políticas de ninguna índole.
Lo menos que puede hacer el propio Gobierno, el Tribunal Electoral y el Ministerio Público es abrir una investigación seria que esclarezca esta deplorable situación.
Si se comprueba que carecen de fundamento, Barría demostraría que, efectivamente, era blanco de ataques políticos de sectores interesados; de lo contrario, deberá responder por su actitud.
Las publicaciones de este diario deben servir para que otros funcionarios que sean víctimas de este tipo de abusos se atrevan a presentar las respectivas denuncias.
Nadie, por más jefe o copartidario que sea, tiene derecho a obligar a sus subalternos a aportar dinero a causas que no les corresponden. La sola idea de instaurar este tipo de prácticas debe causar una repulsa unánime y al unísono de la sociedad.
