Respeto
Los cancilleres de Panamá, Fernando Núñez Fábrega, y de Nicaragua, Samuel Santos, firmaron en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas un acuerdo preliminar mediante el cual Nicaragua se compromete a no afectar la jurisdicción marítima de Panamá. El acuerdo se firmó después de que el presidente Ricardo Martinelli manifestara en la Asamblea que las coordenadas solicitadas por Nicaragua generan una objetable superposición a nuestros espacios marítimos y los tratados internacionales concertados por Panamá con países vecinos, con lo que resulta afectada un área marítima de 49,892 kilómetros cuadrados.
El planteamiento del mandatario panameño toma en cuenta que Nicaragua interpreta a su favor el fallo de la Corte Internacional de La Haya de 2012 sobre el litigio de límites marítimos de Colombia y Nicaragua. El fallo reconoció la soberanía de Colombia sobre las aguas que rodean las islas y cayos, conforme al mar territorial de 12 millas. El Gobierno de Nicaragua interpreta que el fallo le da acceso y derechos y soberanía en un área de 531 kilómetros cuadrados más hacia el meridiano 79 en dichas aguas, partiendo de las 200 millas náuticas desde sus costas. El nuevo mapa marítimo sometido a discusión por Panamá y Colombia se superpone a las aguas de entrada y salida de las naves que surquen rumbo al Canal de Panamá, lo que crea una situación por la cual se habría tenido que pedirle permiso a Nicaragua para el paso inocente de los barcos dentro de las aguas que forman parte de la jurisdicción panameña de su zona económica exclusiva.
El acuerdo firmado en Nueva York es de carácter preliminar y está sujeto a la ratificación del Órgano Legislativo de ambos países. En apariencia, el Gobierno nicaragüense se allana al reconocimiento de la jurisdicción marítima de Panamá en las aguas abiertas al paso inocente de las naves que transitan hacia el Canal de Panamá. Deberíamos considerar la opción de solicitar la revisión o aclaración del fallo de la Corte Internacional de La Haya para despejar cualquier duda sobre la legitimidad de la jurisdicción panameña. La Convención contempla la base para la solución de conflictos relativos a la atribución de derechos y jurisdicción en la zona económica exclusiva. El mapa que el Gobierno nicaragüense ha diseñado con base en la interpretación del fallo de la Corte de La Haya deja latentes posibles controversias limítrofes.
Como expresó el presidente Martinelli en la ONU, Panamá no aceptará superposiciones o limitaciones a la jurisdicción marítima que siempre ha tenido y que seguirá conservando gracias al respeto de la comunidad internacional y al acatamiento de las normas del Derecho Internacional Público.
El acuerdo suscrito por los cancilleres es, inequívocamente, un paso importante en el reconocimiento de los derechos marinos de Panamá y el cumplimiento de los tratados reconocidos de buena fe por la comunidad internacional. La Convención de los Derechos del Mar reconoce el paso inocente de las naves mientras no sea prejudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño. Sobre la base de la normativa internacional, los buques de todos los Estados, sean ribereños o sin litoral, gozan del derecho de paso inocente a través del mar territorial, y este derecho respalda la navegación hacia el Canal de Panamá, con restricciones adecuadas a la seguridad de la vía al servicio del comercio internacional.
