Respeto a la vida
Es de triste recordación en América Latina, los sufrimientos padecidos por sus pueblos cuando reinó en muchos países la llamada Doctrina de Seguridad Nacional. Esta doctrina fue producto de la guerra fría, y llegó a formar parte importante de la ideología de gobiernos y fuerzas armadas quienes confundieron su papel de defensores de la integridad nacional, con lo que entendieron era una guerra interna contra sus propios ciudadanos. Hoy, aunque vivamos en democracia se corre el riesgo de la entronización de una "neodoctrina" que en nombre de la lucha contra la delincuencia y el terrorismo, expresa crecientemente la remilitarización de los países, la definición de un enemigo interno como hipótesis de conflicto. Privilegie la democracia restringida, anule la separación y contrapeso de poderes, la participación ciudadana, ruptura del pacto social, conculcando derechos humanos y libertades democráticas, sustituyendo o avanzando progresivamente sobre las instituciones democráticas y, finalmente, enfrentándose con su propio pueblo, para imponer intereses creados.
Si antes los actores fueron dictaduras militares, hoy en cambio, pueden ser elites civiles los que propicien la imposición del reordenamiento de la sociedad en forma autoritaria, lo que conduciría al peligro del uso de la arbitrariedad y la fuerza. Más cuando esto se sustenta sobre la concepción de un proyecto de reestructuración de la sociedad, través del cual se busca incrementar los niveles de beneficio económico y político de un grupo de poder, y revertir o impedir avances en materia de participación de la mayoría de la población. Si las inclinaciones del sector político en el poder van por los caminos de neodoctrina de seguridad nacional, estaríamos ingresando a un escenario amenazador para la profundización de la democracia y la construcción de un desarrollo integral.
La opción en cambio es por el desarrollo integral y la seguridad humana; por el impulso a la capacidad incluyente, dialógica y participativa. Claro está, esto supone también el desarrollo de la capacidad de los diversos actores a animar una cultura de paz y de resolución pacífica de los conflictos, en el marco del desarrollo integral y del paradigma de los derechos humanos.
Un resumen del camino correcto a seguir lo resume Antanas Mockus con estos principios: Respeto a la vida. Primacía del interés general sobre el interés particular. Manejo transparente y eficiente de los recursos públicos como recursos sagrados. Incorporación, en las decisiones públicas y privadas, de la previsión y manejo de las consecuencias ambientales.
Rechazo a cualquier tipo de violencia y a cualquier complicidad con grupos al margen de la ley y con funcionarios o ciudadanos corruptos. Respeto y defensa de la Constitución Política. Reconocimiento y valoración de las diferencias y la pluralidad. Coherencia entre fines y métodos, no al todo vale. Y con estas prioridades programáticas: Cultura ciudadana y educación como pilares del desarrollo. Defensa y cuidado del medio ambiente y de la biodiversidad. Búsqueda efectiva de la igualdad, la equidad, el ejercicio de los derechos y el acceso a la justicia. Desarrollo sostenible desde los puntos de vista social, económico y ambiental. Seguridad y convivencia por el derecho a vivir sin miedo. Fortalecimiento de la autonomía y productividad de las regiones. Crecimiento económico que facilite la redistribución. Ampliación de capacidades y oportunidades. Eliminación de toda clase de discriminación sexual o de género.
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