Retos presupuestarios de la educación privada
En escritos anteriores, advirtí el peligro de existencia de muchos centros de educación privada. El gobierno recientemente accedió al aumento del salario de los docentes en el sector público, sin tomar en cuenta la opinión del sector privado lo que considero ha sido un grave error. La reacción del gobierno fue irracional al momento de decir SI al aumento de los educadores, sin sopesar el presupuesto minúsculo que manejan los centros privados, que se valen de las matrículas que pagan los padres de familia para cubrir diferentes rubros, no solo el salario del personal. La medida bondadosa para el sector público, representa un “nocaut” para el bolsillo de los padres de familia, quienes verán el impacto en el aumento en las matrículas.
Muchos se preguntarán, ¿qué tiene que ver el aumento de docentes públicos con los privados? La respuesta la encontramos en el artículo 131 de la Ley Orgánica de Educación: “Los educadores de las escuelas particulares tendrán los mismos deberes y derechos que poseen los educadores del sector oficial, establecidos en la Ley 47 de 1946. La relación laboral se regirá por las normas estipuladas en el Código de Trabajo. El régimen salarial de los educadores de escuelas particulares y el escalafón de categorías, no podrán ser menores a lo establecido para los educadores de las escuelas oficiales”-
El Decreto Ejecutivo N° 601 del 9 de julio de 2015, establece que los cambios en los costos de la matrícula, de la anualidad, de los uniformes y textos escolares deberán ser anunciados seis meses antes de la fecha de inicio de la matrícula del año lectivo. Es decir, que los colegios particulares no tienen previsto el aumento de los salarios de sus docentes para el año 2017, porque no se contempló en el costo de matrícula que se les anunció a los padres de familia. Entonces, ¿Cómo afrontarán el aumento de salarios los centros de educación privada? ¿Tendrán un buen presupuesto para asumir el aumento? La respuesta sencilla, es no.
El anuncio del aumento de los salarios de docentes públicos vaticina dos cosas: Que docentes de escuelas privadas se vayan al sector público por mejor salario o los padres de familia saquen a sus hijos de los centros privados. La interrogante que viene es: ¿El Estado está en la disponibilidad de albergar la migración de estos estudiantes?
Existen propuestas de leyes encaminadas a subvencionar a los padres de familia, a través de la exoneración de impuestos, entre otros beneficios. Idea que es bien acogida, pero no se ve el interés urgente de implementarla. Como tampoco se ve el interés de buscar medidas que colaboren a mitigar los gastos de las escuelas privadas, tomando como argumento que éstas le representan al Estado un gran ahorro en el rubro de la educación, que es calificada como deficiente en el sector público.
Resulta peligroso atentar contra la seguridad jurídica de las escuelas privadas, partiendo del hecho que son negocios constituidos conforme a las leyes y su existencia conlleva a pagar impuestos y servicios públicos, tal y como lo hacen otros negocios. ¿Quién invierte en un negocio sin recibir ganancias?
Es un augurio que el próximo año lectivo, de forma obligatoria, todos los centros que brindan la educación privada, requerirán de un aumento inminente para responder a la nivelación de salarios del sector público. Pero ¿qué respuesta da el Estado? ¿Cómo ayudará el gobierno al golpe a la economía de los centros de educación privada, que hasta la fecha está respondiendo bien? ¿Cómo se le ayudará al padre de familia, que de alguna manera está exonerando al Estado de un gasto que por derecho constitucional debe sufragar a todo niño o niña?
Urge la mesa del dialogo en donde el gobierno busque alternativas de ayuda al padre de familia que hace un esfuerzo de brindarle a sus hijos una mejor educación. Ya es hora que se premie al sacrificio, del mismo modo como se le dan subsidios a grupo menos esforzados. Tenemos que preguntarnos, ¿cuánto le cuesta al Estado un aula de clases, una silla, un tablero, un baño, el salario de un docente, entre otras cosas? Imagínense el dinero que le ahorran al Estado las escuelas privadas y los padres de familia.
En nuestro país existen escuelas privadas pequeñas, que albergan pocos estudiantes, pero que requieren de un personal docente significativo en cuanto a salario se refiere, aunado a la existencia de otros gastos, tales como mobiliario, infraestructura, y pago de servicios públicos. Por todo lo anteriormente expuesto, resulta imperante implementar medidas solidarias tanto para los padres de familia como para los centros de educación privada, que garanticen su loable función en nuestra sociedad.
Abogada Independiente
