Riesgo del metro

El economista Juan Jované nos advierte del peligro que acecha al metro por su repentina transformación de la empresa pública en sociedad anónima. Sorprendiendo al pueblo, se publicó el 24 de diciembre en la Gaceta Oficial la Resolución de Gabinete en la que se resuelve autorizar la expedición del pacto social de la constitución de la sociedad que se denominará Metro de Panamá Sociedad Anónima, calificada como la semilla legal para privatizar el metro.

El artículo quinto del pacto social dispone que la Junta de Accionistas, con el voto favorable de no menos del 50% de las acciones emitidas en circulación, y con derecho a voto, se podrá reformar el pacto social con lo que establezcan las leyes de la República de Panamá.

El profesor universitario y excandidato presidencial independiente conceptúa que una junta directiva altamente influida por los intereses partidarios, incluyendo a los donantes de la última campaña electoral, pueden estos de un solo plumazo introducir a los privados en el negocio.

El gobierno panameñista no ha consultado a la sociedad civil la conversión de la empresa estatal del metro como sociedad anónima: pero la súbita movida no tiene otro propósito que entregar el servicio a negociantes privados que lucrarán con los millones invertidos con recursos de todos los panameños. ¿Por qué se crea una sociedad anónima si no es para cambiar los fines sociales de la empresa estatal destinada al servicio público del transporte? ¿Puede ser admisible que los gastos cuantiosos del Estado terminen en los bolsillos de grupos económicos que rodean al gobierno?

No puede deducirse otra interpretación cuando se observa que en el pacto social se permite la realización de sesiones extraordinarias de asamblea de accionistas …cuando medie solicitud de accionistas que representen por lo menos el veinte por ciento de las acciones emitidas en circulación. El pacto social faculta a la directiva de la nueva sociedad anónima del metro a autorizar la suscripción de contratos bajo la modalidad de arrendamiento, compraventa, concesión, fideicomiso, cesión, uso temporal, hipoteca, custodia, y de más formas características de las empresas privadas, según la reglamentación que acuerde la junta directiva.

Asevera Jované que nos encontramos frente a un gobierno con una clara tendencia privatizadora, que muestra, además, un evidente sentido antinacional y un notable y repetido desprecio por la opinión de la sociedad. Frente a esto, solo queda reforzar nuestra disposición de renovar y profundizar en el 2015 la lucha por lograr la verdadera refundación nacional.

Un gran riesgo de traslado de los entes del Estado a empresas privadas se percibe no solo en el metro, sino también en el transporte público terrestre, con negociaciones ultrasecretas celebradas a espaldas de los trabajadores, los usuarios, y en conjunto la sociedad civil.

Jované ha puesto a repicar las campanas ante las acechanzas de los potentados amigos del gobierno panameñista que han visto un pingüe negocio en el metro actual, en la nueva línea en construcción y la que se proyecta para unir la capital con la décima provincia de La Chorrera. La sociedad civil está obligada a organizar un movimiento de resistencia contra los planes privatizadores del metro y lo que vendría con aumentos de tarifas y negociaciones de contratos. El pueblo primero, pero el Gobierno ajusta el eslogan para defraudar los intereses sociales.

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Este artículo describe algunos de los problemas más críticos que enfrenta el sector agua en Panamá, en particular los desafíos de la principal entidad, que de paso suple más de ¾ del agua que consume el país: el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (Idaan). Igualmente aporta algunas posibles soluciones técnicas y administrativas.

El hecho es que la señalada entidad presenta, por ejemplo, una razón de empleados administrativos y técnicos de 5 colaboradores por cada 1,000 conexiones, cuando el estándar de países más avanzados en la región como Chile y Perú es de 2.5 y 3, respectivamente, lo cual conlleva que en la práctica el Idaan presta el servicio con nivel de eficiencia por debajo de los estándares aceptables.

Además, registra un índice de agua no contabilizada (producida, pero no facturada) casi de 43%, lo que también constituye un nivel superior al dictado por las buenas prácticas que es de 25%. Igual se presenta un elevado nivel de morosidad (más de la mitad de los clientes están morosos).

Por otra parte, la estructura tarifaria resulta inadecuada, ya que incentiva ineficiencia y un mal uso del recurso (Panamá está entre los países con más alto consumo de galones por persona urbana).

Por ejemplo, el cargo fijo que se aplica en Panamá incluye un consumo de hasta 8,000 galones, que de paso representa en la práctica que el país constituye en la región el único con un bloque de consumo superior a los 4,000 galones.

Otra forma de enfocar el problema de la tarifa es que, por ejemplo, que el consumo de 5,300 galones mensuales en Panamá significa una tarifa de solamente $6.40, lo cual representa 30% menos que el promedio de la región que es de $9.10 (ocho mil galones de agua equivalen más o menos al volumen de una piscina en promedio). Todo ello de alguna forma promueve el uso inadecuado de un recurso escaso y costoso de producir como lo es el agua, e impide a la entidad recaudar para cubrir sus costos de producción.

Entre las soluciones figuran la posibilidad de ajustar el sistema tarifario y darle mayor autonomía y sostenibilidad a la entidad, por ejemplo, mediante la transformación de la misma en una Autoridad del Agua que sustituya al Idaan.

Igualmente se puede instalar de manera masiva medidores para incorporar más clientes que ahora mismo evaden el pago de la tarifa. Esto trae como consecuencia una mayor racionalidad y un consumo más eficiente, iniciativa esta, que a su vez le confiere mayor sostenibilidad y calidad al servicio de producción y provisión de agua potable, así como a la tarea de evacuar y tratar las aguas servidas.

A la vez, la decisión tendría que estar respaldada por una política de focalización de subsidios, para seguir ayudando a las personas cuyo limitado ingreso no les permite cubrir estas tarifas.

Lo anterior resulta necesario por razones de carácter social, y está en el interés de la sociedad entera, ya que se reducen así entre otros los costos en el tratamiento de afectaciones a la salud pública.

Ello en vista de que el mejoramiento del servicio ayudara de manera efectiva a prevenir males sociales y enfermedades, y al final se conforma una situación de ganar-ganar para la sociedad.

La estructura tarifaria por otro lado, como se ha dicho, debe cuando menos permitir que se cubran los gastos operativos y de mantenimiento y lograr en parte ciertas inversiones.

Sin embargo, dada la magnitud de dichas inversiones, a su vez debe considerarse el desarrollo de las llamadas Asociaciones Público-Privada (APP) que quiere decir, ofrecer en concesión la producción y posiblemente distribución del agua.

*(Analista del Centro Nacional de Competitividad)

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