¿Ronchas y callos?
En la edición del diario Crítica, correspondiente al 1 de septiembre de 2010, se atribuye al ministro de la Presidencia, haber dicho: “Vamos (el gobierno) a cambiar la estrategia porque íbamos muy rápido en la aprobación de las leyes. No es un secreto que el presidente Martinelli va más rápido que su gabinete, porque le interesa más el fondo que la forma y eso a veces causa ronchas y callos”.
Hay varias confesiones en las declaraciones del citado ministro. Aunque no lo acepte expresamente, reconoce que el gobierno se desbocó empujando, a tambor batiente, y sin la debida consulta, cuantas leyes le ha venido en ganas. Pero esa confesión, para que tenga algún valor, debió ser complementada con el compromiso de revisar y de derogar las leyes producto de la imprudencia oficial, comenzando por la “Ley Chorizo”. La confesión de haber actuado mal, sin “propósito de enmienda”, es prueba de tozudez que muy poco ayuda.
La segunda confesión, que debiera merecer una mejor explicación, es su afirmación de que Martinelli va más rápido que su gabinete. Una de dos: o el presidente anda desbocado o los ministros son unas rémoras. Las dos posibilidades no son válidas. Si el jefe está en la línea correcta, los ministros no pueden ni deben ralentizar su paso, pues perjudican su gestión. Si los ministros, han tenido que provocar “la desaceleración” del presidente, entonces, es que éste se ha convertido en “patrulla autónoma” sin coordinación con su equipo de apoyo.
Si cualquiera de los dos anteriores extremos son preocupantes, más lo es que su ministro de mayor confianza, diga, sin ambages, que el presidente es “más rápido que su gabinete, porque le interesa más el fondo que la forma”.
La diferencia básica entre quienes gobiernan y quienes somos gobernados, es que los gobernantes “solo pueden hacer aquello que las Constitución y las leyes le permiten”. Los particulares, “todo aquello que las mismas no le prohíban”. Interpretar correctamente esas dos situaciones, impone a los gobernantes el deber ineludible de ceñirse a ellas estrictamente. Violarlas es tanto como revivir la perversa máxima de que “el fin justifica los medios”.
Los gobernantes, aparte de la obligación, ineludible bajo ningún pretexto, de ajustar su conducta a la Constitución y la Ley, tienen, además, el deber de ejercer el poder con mesura y prudencia y de medir, anticipadamente, las consecuencias de sus acciones. Por ello, equiparar la imprudencia demostrada por el gobierno al aprobar leyes inconsultas, como fue el caso de la “ley chorizo”, cuyos desastrosos efectos han sido el desencadenante del aparente propósito de enmienda anunciado por el “primer ministro”, a las inconveniencias que producen “los callos y las ronchas” es absolutamente irrespetuosa. Dos muertos, reconocidos, y dos centenares de heridos, dos docenas de los cuales perderán la visión, no debe ser motivo para “ingenios humorísticos de mal gusto”.
Los propósitos de enmienda, insisto, solo tienen valor cuando, primero, se reconocen los errores. Ya ha transcurrido un mes desde la tragedia de Bocas del Toro y la causa de su desencadenamiento sigue gravitando sobre la sociedad panameña. Su pronta y total derogación tendría un efecto más saludable que todas las retóricas hasta ahora ensayadas por el gobierno. ¡Ojalá, así lo entendieran!
