Rumbo al desastre
Frente a las recientes expectativas de una pronta ratificación del Tratado de Promoción del Comercio (TPC) con los Estados Unidos, los productores nacionales, con mucha razón, han vuelto a señalar que el sector agropecuaria está lejos de poder competir con los altos niveles de tecnificación de la producción agropecuaria norteamericana, la cual, como si fuera poco, recibe cuantiosos subsidios de su propio gobierno, los cuales en el 2006 sobrepasaron los 20,000 millones de dólares. La respuesta de la actual administración frente a estos planteamientos ha sido, por decir lo menos, insuficiente e insustancial. Es así que frente a la preocupación de los productores locales el actual ministro de Desarrollo Agropecuario se ha limitado a declarar que “una vez ratificado el TPC le quedan a los productores siete años para terminar de prepararse y competir”. El ministro omite decir cómo concretamente se puede lograr que en siete años los productores nacionales logren superar los niveles tecnológicos norteamericanos al extremo que puedan incluso competir con los productos subsidiados de este país. En efecto, lo que tampoco dice el ministro de turno es que este tiempo puede efectivamente llegar a acortarse. Esto es claro si se tiene en cuenta que en el acápite 3 del artículo 3.3 del TPC se dispone que: “A solicitud de cualquier Parte, las Partes realizarán consultas para examinar la posibilidad de acelerar la eliminación de los aranceles aduaneros establecidos en sus Listas al Anexo 3.3”.
Si se tiene en cuenta que a esta altura Panamá ya importa más de mil millones de balboas en alimentos, que este año tendrá cerca de 6.3 millones de quintales en alimentos, mientras que el área de siembra de importantes productos como es el caso del maíz se ha visto reducida hasta en 24% en los últimos tres años, resulta evidente que entre los efectos del TPC se debe contar la práctica destrucción de la ya deteriorada producción alimenticia nacional, lo que agravaría la ya malograda seguridad alimentaria del país. Es conveniente, a fin de ilustrar esta problemática, recordar que en los primeros diez años de vigencia del TLC en México se perdieron, de acuerdo a un análisis de Javier Ponce, 1.3 millones de puestos de trabajo en el sector agropecuario.
Para Panamá se trata de una perspectiva realmente sombría, la cual toma su real dimensión si tenemos en cuenta que, de acuerdo a un reciente estudio de la CEPAL, cerca del 69.5% de los niños que viven en las áreas rurales, que serán duramente afectadas por el TPC, se encuentran en condiciones de pobreza, en condiciones que esta incidencia se eleva hasta el 75.2% en el caso de los niños de hasta 5 años de edad. Aparece, entonces, claramente delineada la economía política del TPC, en la medida que este es un instrumento adecuado a las insaciables ansias de ganancias de la plutocracia que hoy gobierna, lo que se logra a costa de la desposesión de las condiciones de vida de la población más humilde del país.
