Salarios, crecimiento y productividad
La presencia de una notable inequidad social que, pese al rápido crecimiento de la economía, persiste en nuestro país es un hecho innegable y ampliamente reconocido. El Banco Mundial, institución que se destacada por apoyar el modelo neoliberal y la teoría del rebalse ( trickle down ), se ha visto obligada a reconocer esta situación. Un reciente informe de este organismo afirma que en Panamá, pese a la rápida expansión económica, “la inequidad se mantiene en el rango medio de los países latinoamericanos”, a la vez que “persisten los desafíos en la provisión de servicios sociales”.
Una de las más importantes, pero menos discutida, formas de concentración de los ingresos observadas en el reciente periodo de rápido crecimiento económico se refiere a la participación de las remuneraciones de los asalariados en el producto interno bruto (PIB).
Es así que mientras que en 2004 estas remuneraciones alcanzaron el 34.7%, del PIB, durante 2011 solo llegaron a ser el 29.8% de dicho agregado macroeconómico. El significado de esto es más evidente si, teniendo como punto de referencia la distribución observada en 2004, se establece que las pérdidas de ingresos acumuladas para los asalariados en el periodo 2005-2011 alcanza la impresionante suma de $4,899.9 millones.
Esto explica que mientras que en 2004 los dueños de los medios de producción recibían un excedente de $1.07 por cada dólar gastado en remuneraciones de los asalariados, en el año 2011 los mismos recibían $1.47 por cada dólar de remuneraciones.
Se trata de un fenómeno imposible de esclarecer dentro de los cánones de la teoría económica tradicional, la cual ha servido de sustento a los diversos gobiernos que han impulsado la política neoliberal en el país. Es así, para comenzar, que el problema no se puede explicar por una reducción relativa de los asalariados en el total de la ocupación.
Entre 2004 y 2012, el número de ocupados se elevó en 50.6%, mientras que el total de asalariados se incrementó en 53.1%. Más aún, la porción de la fuerza de trabajo asalariada de las empresas privadas se acrecentó en 63.4% durante este periodo.
Tampoco es posible alegar una reducción en la capacitación de la fuerza de trabajo, ya que, de acuerdo a cifras oficiales, el número promedio de años escolares aprobados por los ocupados se elevó en 5.6% entre 2004 y 2001. Esto nos lleva al problema de la productividad.
De acuerdo con la doctrina económica tradicional dominante, los salarios son igualados automáticamente por el mercado a la llamada productividad marginal del trabajo, de manera que si la productividad del trabajo se eleva, entonces los salarios, por la magia del mercado, se deberían elevar en la misma magnitud.
A fin de observar lo ocurrido en Panamá, se debe recordar que un incremento de la productividad en el margen deberá, necesariamente, reflejarse en un incremento de la productividad media del trabajo.
Teniendo en cuenta lo anterior lo interesante es que en nuestro país mientras que la productividad media del trabajo se elevó entre 2004 y 2011 en un significativo 43.6%, el salario real apenas aumentó durante este periodo en un magro 3.0%. Aparecen así violadas todas las reglas que, según la visión de los economistas tradicionales, supuestamente deberían de regir gracias a la lógica del mercado asegurando de manera automática el reino de la justicia distributiva.
No se trata, vale la pena agregar, de cualquier distorsión. Es una distorsión que se aleja en cerca de 40.0 puntos porcentuales del alegado principio neoliberal. En pocas palabras, los beneficios han venido despojando de manera sistemática a los trabajadores asalariados.
Lo anterior nos alerta sobre el hecho de que el fenómeno bajo análisis no es un simple fenómeno neutro de mercado, si no que se trata en su esencia de un problema de relaciones de poder. En efecto, si se abandona la idílica visión de la teoría tradicional el problema tiene una clara explicación: un incremento del poder monopólico (oligopólico) de las empresas que les permite vía la inflación elevar sus márgenes de ganancias, el cual opera junto a un debilitamiento, urdido por todos los gobiernos que han venido administrando el país, de la capacidad de contratación de los trabajadores asalariados.
Frente a este panorama queda claro que la búsqueda de la equidad y justicia social pasa por un incremento general de salarios, así como por una política que elimine la especulación y restablezca y promueva la capacidad de negociación de los asalariados.
