Sanción a la vista
Representantes de la Unión Europea iniciaron esta semana una inspección para verificar el cumplimiento de las normas contra la pesca ilegal en Panamá.
El panorama se pinta sombrío, cuando fuentes oficiales han confirmado que no estamos preparados para aprobar el verificación, con lo que el país se expone a un segundo embargo a las exportaciones de productos del mar hacia ese mercado internacional.
Tanta dejadez gubernamental sigue poniendo en peligro una actividad que anualmente mueve unos 400 millones de dólares y genera 16 mil empleos directos e indirectos, de acuerdo con cifras de la Contraloría General de la República.
La sanción del organismo está más próxima a concretarse, luego de que hace una semana, Panamá, junto a Honduras, Belice y Togo, fuera incluido en la lista de “países no cooperantes”, tras las deficiencias detectadas por las misiones de evaluación y seguimiento.
Ya es hora de que las autoridades pongan freno a la pesca ilegal y de una vez por todas cumpla con los requerimientos necesarios para que se garanticen los recursos pesqueros y el medio ambiente marino.
También, es urgente que quienes dirigen la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá pongan mano dura en el cobro de las multas por la pesca ilegal, pues la evasión de esta responsansabilidad por parte de los dueños de embarcaciones que, valiéndose de recursos legales para dilatar los procesos, evitan la sanción, lo que provocará consecuencias negativas.
Las medidas que se aplicarían a Panamá ya están sobre la mesa y tanta indulgencia gubernamental en sancionar a quienes ejercen la pesca ilegal en aguas nacionales podría costar caro.
Se hace necesario que quienes llevan las riendas del gobierno y los que viven de la pesca, comprendan que la conformación de un frente es lo único que evitará que se ponga en peligro esta actividad que contribuye al desarrollo económico.
El país no puede darse el lujo de caer en otra lista negra por el incumplimiento de normas internacionales.
