¿Se apostó a la justicia o a la persecución?

Desde hace más de un año, tal vez casi los dos, me he planteado el escribir en torno a los casos que han sido llevados a la administración de justicia y que se relacionan con altos funcionarios del anterior gobierno. He aquí mi pensamiento.

Debo, prima facie, iniciar expresando que no entraré a juzgar a funcionario alguno, ni a los del pasado y tampoco a los del presente.

No será esa mi labor en este escrito y menos, por una razón poderosa, no soy juez ni pretendo serlo.

También debo dejar sentado que no haré alusión alguna a conceptos tales como “culpables” o “inocentes”, ya que cuando de juzgar se trata, según mi experiencia, también he podido advertir que todo depende de cómo se manejan las pruebas y del valor probatorio que los jueces otorguen a cada medio de prueba. Pero también porque he aprendido que, en materia de juzgar o de pronunciar una sentencia, a veces, cuando creemos que todas las de la Ley están de nuestro lado y que las pruebas nos son favorables, la inteligencia del juzgador anda por otras lecturas, jurídicas o no jurídicas, y se producen decisiones de las cuales podamos pensar lo que nos venga en gana o hasta de lo que se nos antoje; sin embargo, tales decisiones serán siempre eso: las decisiones de los jueces.

Por eso, siempre ha sido dicho, que los jueces hablan a través de sus decisiones. Sin duda alguna, pero al ser ellos los que pronuncian o dicen el Derecho, también lo hacen en nombre del Estado, de allí que un Estado que no respeta las decisiones de sus jueces, mal puede llamarse Estado de Derecho.

También, debo confesar, que a nivel jurídico “ser culpable” o ser “inocente”, todo dependerá del prisma jurídico y político con que se vean las cosas.

Por ejemplo, hoy día, en nombre del discurso anticorrupción, si queremos que todo suene mal basta con decirle al pueblo que tal o cual acto de un funcionario ha sido un acto de corrupción. Aclaro, soy un genuino articulador del discurso anticorrupción y ello porque creo que nadie, absolutamente nadie, puede arrogarse el derecho o creerse más vivo que los demás y robarle los dineros al pueblo privando a los sectores, sobre todo, marginados, los siempre pobres y apartados de todo progreso y prosperidad, de su derecho a tener mejores viviendas, mejor educación, mejores oportunidades de vida, derecho al trabajo digno, derecho a buenos y nutritivos alimentos, etc. Hoy día, decirle a algún funcionario, pasado o presente, que fue o es un corrupto, equivale tanto como otrora acontecía cuando se calificaba a alguien de: homosexual, comunista o sindicalista. Palabras obscenas en el pasado. Todas han sido sustituidas por: “corrupto o coimero”. Ojo: No es que no los haya, ya que lo que quiero decir es que no pocos son victimizados con tales epítetos sin que los tales realmente le hayan robado un real al Estado.

Ya el célebre maestro italiano de Derecho Penal, Francesco Carrara, en su Programa de Diritto Criminale –Programa de derecho Penal- advertía que no se encargaría –en sus obras- de tratar los mal llamados delitos políticos, observando que estos no soportan un análisis dogmático, pues el solo considerar que “quien hoy gobierna mañana será gobernado y viceversa”, todo quedaba reducido a una intensa lucha de pasiones políticas, con lo cual también daba a entender que nadie tendría autoridad para acusar ni para juzgar.

Bueno, personalmente, estimo que hasta allá no va la cuestión, pero lo que sí demuestra este pensamiento carrariano es que hay que cuidarse de las pasiones de los políticos que cuando se enquistan en el poder, lejos de realizar una labor de verdadero adecentamiento en la cosa pública, instrumentan el poder para perseguir a sus adversarios políticos. Desde esta perspectiva, sin duda alguna, todo juicio, aunque se encuentre plagado de pruebas, auditorías, informes, etc., nace enfermo y lleno de vicios tras la pasión malsana que se evidencia que no se trata realmente de juzgar sino de perseguir.

¿Apostó el gobierno actual, realmente, al adecentamiento de la cosa publica o se fue tras el ímpetu del castigo o de la persecución? Es esa la gran interrogante.

Para contestar, destacamos el hecho de que no pocos han sido los que se aliaron en esa actuación perniciosa y que de seguro ya han empezado a advertir los efectos de que juzgar es una cosa y perseguir es otra: hay muestras claras de deterioro y de daños singulares a todo el país, empezando a contar con las afectaciones al pueblo mismo que no ve en su beneficio el arranque de la gestión gubernamental por mucho que esta se afane en acreditar que sí. Aunque lo hagan, como creo que lo están haciendo, es decir, obras en el país, el pueblo manifiesta un resentimiento singular pues nunca ha estado de acuerdo a que gobierno alguno los sume en sus pasiones políticas o en sus malquerencias, pues el pueblo terminará siempre diciendo que “todos se arropan con la misma manta”.

Los casos, como ya se sabe, han empezado a caerse en los tribunales y eso, sin duda alguna, es un punto muy en contra del gobierno actual. No se trata de culpables o de inocentes, se trata de debido proceso: regio principio sin el cual el Estado de Derecho no pasa de ser una simple quimera.

Ello conlleva a decir que el pueblo no ha creído en el discurso anticorrupción pues sigue advirtiendo hechos y circunstancias que le dicen que la corrupción no empezó con el gobierno pasado y que tampoco terminó con dicho gobierno. Que aun seguimos viendo actos y acciones bochornosas. Yo prefiero apostar, siempre, a la justicia efectiva, pero nunca a la persecución. El debate esta abierto.

Abogado