Seamos serios
Los políticos en Panamá ya no engañan a nadie; cuando dicen que un escándalo es una “patraña” inventada por una mente desquiciada y piden que se investigue “hasta las últimas consecuencias”, es porque las pesquisas no llegarán a ningún lado.
La denuncia del supuesto complot para lograr la destitución de la procuradora Ana Matilde Gómez, fraguado por abogados, funcionarios del Gobierno y del Órgano Judicial, ha dejado en evidencia nuevamente las viejas tácticas dilatorias de la clase política.
Las versiones que se han conocido hasta el momento por diferentes fuentes contienen elementos que coinciden en modo, tiempo y lugar, y que en materia legal podrían conformar plena prueba. Esto pareciera indicar que no se trata de una fábula, una comedia bufa o una telenovela, como los involucrados quieren hacer ver insistentemente.
Los que han salido a demeritar públicamente las graves denuncias hechas sobre la supuesta confabulación utilizan los mismos argumentos de siempre.
Y para rematar, culpan nuevamente a los medios de comunicación social por difundir hechos en los cuales ningún periodista ha sido protagonista y que se basan en testimonios de los propios participantes.
Las autoridades están jugando con candela al permitir que la credibilidad de la justicia caiga a niveles tan bajos.
En una incipiente democracia como la panameña, la administración de justicia es un pilar fundamental. Los panameños exigimos que la Corte Suprema de Justicia sea absolutamente independiente, transparente, apegada al derecho y con solvencia moral.
Las denuncias no han recibido un tratamiento serio. Al contrario, ahora magistrados, funcionarios y particulares protagonizan un bochornoso espectáculo público con acusaciones de presuntos actos de corrupción, que solo generan más dudas sobre el sistema.
Es imperante abrir una investigación seria que no deje dudas sobre la ya empañada credibilidad de la justicia. No hacerlo sería erosionar las bases de la democracia que tanto nos costó recuperar.
