Sector agropecuario, atrapado a dos fuegos
El sector agropecuario de la economía panameña enfrenta las consecuencias del Tratado de Promoción Comercial (TPC) con los Estados Unidos de Norteamérica en una coyuntura en que el mismo, por decirlo de alguna manera, se encuentra sometido a fuego cruzado. Desde el punto de vista interno, la entrada en vigencia del TPC ha venido acompañada de una tendencia de la actual administración gubernamental a reducir unilateralmente la protección al productor nacional, adelantando el calendario de desgravación pactado. Del lado externo, dicha entrada en vigencia ha coincidido con un endurecimiento por parte de las autoridades norteamericanas de las reglas fitosanitarias, lo que afecta seriamente las posibilidades y rentabilidad de la exportación de los productos no tradicionales. Los productores nacionales, además de sus desventajas tecnológicas, así como de las que se derivan de los subsidios que reciben los productores norteamericanos y la pérdida de protección interna, tendrán que enfrentar el neoproteccionismo disfrazado de normas fitosanitarias. Se trata, para resumir, de una situación en la que el sector agropecuario enfrenta el peligro de un completo colapso.
Para entender el posible impacto de lo anterior se debe ir más allá del simple hecho de que la actividad del sector agropecuario representa apenas 2.9% del producto interno bruto del país. Es así que se debe destacar que, de acuerdo con cifras de 2011, el 17% de los ocupados en el país laboran en este sector, de manera que aún cuando se excluya del conteo a la población indígena el 13% de la población económicamente activa del país, se desempeña en actividades agropecuarias. En términos concretos se estaría hablando de cerca de 271,000 cuyos puestos de trabajo estarían en peligro de desaparecer. Más aún, a diferencia de lo que han insinuado los altos funcionarios de la actual administración, no se trata meramente de productores manejados con la mano suave del paternalismo estatal, por el contrario, muchos de ellos son pequeños y medianos productores que han tenido que sufrir por muchos años el abandono que significa la indolencia gubernamental. Esto explica, por ejemplo, que en los últimos seis años el área cultivada en el país haya disminuido en cerca de 35,000 hectáreas, así como el hecho de que el 68.7% de los ocupados en el sector agropecuario sean cuenta propia y trabajadores familiares no remunerados, los que se encuentran condenados a una vida llena de privaciones y dificultades.
Para completar las ideas anteriores se debe añadir que el TPC, a diferencia de lo que señala la propaganda oficial, tampoco logrará reducir el costo de la canasta básica alimenticia. La causa de esto se encuentra en el alto grado de monopolio existente en los canales de importación y comercialización de alimentos, lo que significa que cualquier reducción en el precio de los bienes alimenticios importados se traducirá en un efectivo incremento en los márgenes de ganancias de los especuladores, los cuales dada la nueva definición de comercio al por menor terminarán beneficiando a las grandes transnacionales que dominan este tipo de actividad a nivel global.
Economista.
