Sector agropecuario, soberanía alimentaria y control de precios
Si en el caso de los bienes alimenticios se pretende no solo asegurar la existencia de unos precios y un abastecimiento adecuado a los intereses del consumidor, sino también defender y promover la soberanía alimentaria, se debe partir recordando que la inflación también es un proceso que generalmente altera las relaciones de precios. En el caso de Panamá, este fenómeno se observa en la relación precios al por mayor – precios al por menor de los bienes alimenticios.
Utilizando las estadísticas oficiales disponibles, se puede concluir que entre el 2004 y el 2012 el índice de precios al por mayor de los productos agropecuarios se elevó en 36.4%, mientras que el índice de precios de los alimentos al consumidor se elevó en una cifra significativamente superior, la cual alcanzó a 61.5%. Esto significó un deterioro de la relación de precios de intercambio para los productores de cerca de 18.4%. Queda así claro que el proceso inflacionario, además de perjudicar al consumidor, también daña seriamente la rentabilidad de los productores agropecuarios.
ES UNA LÁSTIMA QUE EL MINISTRO DESIGNADO DE ECONOMÍA Y FINANZAS EN DECLARACIONES RECIENTES HAYA EXCLUIDO LAS INVERSIONES DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LAS PRIORIDADES DE INVERSIÓN DEL NUEVO GOBIERNO.
Esta situación, junto al abandono a la que los diversos gobiernos han sometido al sector agropecuario, impulsando, entre otras cosas, un aperturismo que somete a una competencia desleal y asimétrica a los productores nacionales, ha llevado a una notable pérdida de soberanía alimentaria. Estos gobiernos no solo han renunciado a practicar una política efectivamente soberana en relación con el sector agropecuario, también han generado una extraordinaria caída en la producción nacional de alimentos por personas, la cual alcanzó a 22.9% entre 1990 y el 2011. Mientras el sector agropecuario languidece, la importación de alimentos muestra cifras sumamente elevadas, la cual alcanzó en el año $1,3013.1 millones.
De lo anterior se desprende que cualquier política de regulación que busque asegurar precios justos al consumidor en el caso de los bienes alimenticios, así como una oferta suficiente de los mismos, debe estar acompañada por una política agropecuaria sostenida en el concepto de seguridad y soberanía, es decir, de una política que asegure la recuperación y desarrollo de nuestra producción de alimentos. Para esto, se necesita de muchos elementos entre los que estarían el acceso seguro a la tierra para los productores, la presencia de suficiente crédito y seguro agropecuario, el desarrollo de la investigación agropecuaria acompañada de la extensión, el desarrollo de recursos humanos técnica y gerencialmente calificados, así como la presencia de inversiones en infraestructura, como lo son caminos de penetración, las obras de irrigación y las facilidades de acopio. En estas circunstancias, es una lástima que el ministro designado de Economía y Finanzas en declaraciones recientes haya excluido las inversiones del sector agropecuario de las prioridades de inversión del nuevo gobierno.
Desde el punto de vista de los precios, es necesario tener en cuenta, además, que una adecuada regulación de los precios al consumidor debe armonizar los intereses de estos con el interés de los productores. Esto, en el caso de Panamá, puede hacerse, al menos en una medida importante, reduciendo drásticamente los márgenes excesivos de beneficios que se observan a nivel de los intermediarios, de manera que se pueda contar al mismo tiempo con unos precios más rentables para el productor y un precio justo para el consumidor. Se trata, desde luego, de una política que elimina la actividad parasitaria de los especuladores, a la vez que protege al consumidor y eleva la producción y la productividad del sector de producción de alimentos, asegurándole el mercado local al productor nacional. Se trata de una forma de abordar el problema que, definitivamente, va más allá de la forma primitiva y poco elaborada que tienen las propuestas presentadas por el ejecutivo entrante.
No es un secreto que uno de los problemas básicos del sector agropecuario está dado por el problema del costo de los insumos, dado que aquí los productores también enfrentan la presencia de precios elevados, producto tanto de la presencia de mercados oligopólicos, como de volúmenes de compra que no permiten captar las posibles economías de escala. Este sería un necesario campo de acción para políticas públicas cuyo objetivo fuera elevar la productividad, y lograr precios más accesibles para los insumos, como instrumentos destinados a favorecer el desarrollo agropecuario y precios justos para el productor y el consumidor. No menos importante sería el desarrollo de las formas agroecológicas de producción.
Estas consideraciones, sin embargo, se encuentran ausentes de los planteamientos tanto del gobierno saliente como del entrante. Cualquiera que lea las propuestas de este último podrá notar que en la misma el concepto de soberanía alimentaria simplemente está ausente.
