Seguridad carcelaria
La ministra de Gobierno, Roxana Méndez, presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que busca permitir que agentes privados apoyen en la seguridad de las cárceles y el traslado de prisioneros de un lado a otro.
La propuesta ha recibido críticas de forma inmediata por las fallas en el reclutamiento y la formación de los agentes, así como por la facilidad como el crimen organizado ha penetrado las agencias de seguridad.
En la memoria de los panameños están frescos los incidentes de guardias privados involucrados en robos a bancos y comercios, asesinatos, balaceras en actos delictivos y otros delitos.
Entonces es lógica la duda que se cierne sobre esta iniciativa. Si los policías y los custodios del sistema penitenciario van a ser removidos de las cárceles por actos de corrupción, ¿quién nos garantiza que el remedio no será peor que la enfermedad?
Nos preguntamos, además, ¿será acaso más difícil que un agente privado caiga rendido ante las propuestas de los grupos criminales?
Si esto es así, la propuesta de Méndez conlleva un reconocimiento tácito de que las cosas a lo interno de los aparatos de seguridad pública están peor de lo que nos imaginamos.
No se trata de una crítica general hacia todas las agencias de seguridad, hay muchas que son muy serias y cumplen al pie de la letra con las normas legales vigentes.
Sin embargo, las mismas autoridades han sido muy laxas en hacer cumplir a las agencias de seguridad y esto ha permitido el relajo que existe en la actualidad.
Es una realidad que hay agencias que no cumplen con los más mínimos estándares de seguridad, ni siquiera para cuidar un pequeño comercio.
Entonces, es necesario que esta iniciativa se someta a un profundo análisis con profesionales idóneos en materia de seguridad carcelaria, criminólogos, psicólogos y expertos en resocialización de detenidos.
No hay razón para que la medida sea aprobada a tambor batiente. La salida de los policías de las cárceles puede postergarse y abrir una amplia consulta nacional.
