Seis años esperando por justicia...
Trece días faltan para que se cumplan seis años de la tragedia que conmovió a todo el país y puso en jaque el desorden del transporte público panameño.
El saldo fue de 18 cuerpos calcinados dentro del autobús 8B-06 y dos sobrevivientes que resultaron con severas quemaduras.
El transporte se ha mejorado con el metrobús, pero nadie ha resarcido la pérdida de las vidas de estas personas.
Diez de las 14 demandas presentadas contra el Estado por familiares de las víctimas y sobrevivientes de esta tragedia han sido rechazadas por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
El sustento de la Sala para rechazar estos reclamos se ha basado en que la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre no incumplió con la prestación de los servicios del transporte público, toda vez que estaba siendo ofrecido por una concesionaria.
Las esperanzas de estas personas ahora están puestas en una demanda que interpusieron en la Corte de Distrito del Condado de Finney, en Kansas, Estados Unidos contra las empresas Northcutt Inc. y Oz Technology Inc., distribuidora y fabricante del gas refrigerante HC-12A, el cual fue utilizado en el bus siniestrado y que, de acuerdo con estudios de la Universidad Tecnológica de Panamá, fue el causante de la explosión. Lo único que han recibido como compensación por lo ocurrido es la sentencia que dictó el Juzgado Primero de Circuito Penal contra los hermanos Ariel y Próspero Ortega, dueño y conductor del bus, quienes ya salieron de la cárcel luego de cumplir su condena de 40 meses de prisión.
Para muchos, se hizo justicia y los afectados no deben esperar más de lo que han recibido, pero no hay que dejar de lado que ninguna de las víctimas pidió morir de la manera tan cruel en la que fallecieron, cuando su único anhelo era recibir el servicio de transporte de forma segura.
Allí se perdieron 18 vidas, una historia que no se debe volver a repetir en nuestro país.
