Señor Presidente, ¿me permite un momento?

Por lo menos, en dos ocasiones o circunstancias específicas, nuestro gobierno ha dejado sin efecto leyes que, antes, durante y después de su aprobación, fueron objeto de enconados debates, duras críticas, protestas masivas y enfrentamientos violentos. Una de estas fue la mal llamada “ley chorizo” y la otra fue la ley que modificó el código minero. Frente a estos hechos y a otros, veo con mucha preocupación el estilo administrativo de nuestro gobierno nacional. Hago la salvedad que no soy miembro de partidos de oposición, ni soy parte de los grupos con agendas electoreras y subversivas.

Simplemente hablo como un habitante que anhela que, en Panamá, se perfeccione y/o exista democracia, equidad, fraternidad, igualdad, justicia, libertad, paz, progreso, respeto, sosiego y tolerancia. ¿Qué o quién asesora a nuestro gobierno a que, en vez de buscar y procurar canales abiertos de comunicación, se vea metido en aventuras que, a la postre, desgastarán su fortaleza y popularidad? En este sentido, personas como yo, que se nos trata como si no contáramos con árboles que nos den sombra, pero que sí tenemos la disposición y la capacidad de servirle a nuestra Patria con la dignidad y transparencia que ella se merece, no tenemos cabida en puestos gubernamentales claves.

Si el gobierno también se hiciese asesorar o representar, plena o mayormente, por personas provenientes de las iglesias, los clubes cívicos y la sociedad civil, y por qué no, de los grupos de oposición, estoy más que seguro que la administración pública fuese más atinada en cuanto a cumplir con los fines del Estado. En este sentido, debo decir que nombramientos de servidores públicos como, por ejemplo, Patria Portugal, Pedro Meilán, Roxana Méndez y Vladimir Herrera, en los puestos que ocupan, demuestran que es posible este ideal.

Elegimos a Ricardo Martinelli “para gobernar”, con la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos, sin menoscabo de la responsabilidad que también le toca a los diputados, alcaldes, representantes de corregimientos y concejales que también fueron electos. Sin embargo, en un Estado de Derecho y un Sistema Democrático, verdaderamente funcional, la democracia no es un asunto de una vez cada cinco años, sino más bien es un asunto 24/7. Todos son importantes, por lo que todos deben ser consultados, en aras de prevenir, erradicar y desalentar todo lo que no favorezca al desarrollo integral del país, a la implementación de políticas públicas convenientes y a la aplicación del ordenamiento jurídico vigente.