Señor Presidente: queremos entender
Si algo ha demostrado el pueblo panameño, desde mucho antes de nuestra independencia formal, es su acendrado y probado nacionalismo. Se trata de un sentimiento nacional que compartimos todos. Por ello, no tengo la menor duda de que todos creemos en la soberanía de nuestro país y en salvaguardar la integridad del territorio nacional. En lo que evidentemente no estamos de acuerdo es en la mejor manera de hacerlo.
El pueblo colombiano se ha desangrado por más de cuarenta años por los efectos perversos de una guerra inhumana propia de los tiempos de la barbarie, que ha costado muchos miles de vidas. En Panamá, desde luego, no queremos que se repita algo similar; pero tampoco deseamos que se nos arrastre a ser parte del conflicto.
La frontera panameña con Colombia tiene una extensión aproximada de 275 kilómetros lineales que, al sumársele los lugares comprendidos en una distancia de diez kilómetros dentro del territorio panameño da una extensión geográfica cuatro veces más grande que la antigua Zona del Canal. Protegerla físicamente, con presencia de tropas de combate (no son policías), importa un gasto anual que supera con creces los 100 millones de balboas. Eso es lo que el actual gobierno está invirtiendo en cuarteles, transportes, equipamiento de los soldados y logística, para, se dice: “reprimir a los narcotraficantes y terroristas”, y finalmente, empujarles de vuelta a sus guaridas colombianas.
Al tema de las repercusiones que tiene en nuestro territorio fronterizo el conflicto colombiano, me he referido en varias ocasiones y siempre lo hago bajo el mismo enfoque: Su solución no es militar sino política y diplomática.
Los países pequeños como el nuestro no pueden ni deben pretender solucionar sus conflictos mediante el uso de la fuerza. Eso lo aprendimos y comprobamos durante la larga lucha por recuperar el ejercicio de nuestra soberanía sobre la antigua Zona del Canal. Ignorar las lecciones de la historia siempre ha probado ser de funestas consecuencias. Por ello, resulta incomprensible que el gobierno Martinelli haya optado por resolver mediante la confrontación armada el problema que constituyen las incursiones de miembros de las FARC que, por cierto, no son los únicos que entran al territorio panameño, pues también lo hacen efectivos regulares del Ejército colombiano y paramilitares asociados a éstos.
Las acciones de Panamá deben ser, como primera medida, demandar del gobierno colombiano, el que termina del Sr. Uribe o el que está a punto de comenzar, del Sr. Santos, que realicen acciones concretas para contener dentro de sus fronteras un conflicto que es de ellos y no nuestro. Y la segunda, acudir a las instancias internacionales, la ONU, la OEA y a los organismos de ayuda humanitaria que, ante un pedido específico, se verían obligados a actuar.
Traer a cuenta y denunciar supuestos contactos de anteriores autoridades con miembros de las FARC, con el aparente propósito de justificar las aventuras militarizantes del actual, introduce un factor de confusión que en nada ayuda. Lo que procede y es urgente, es que el gobierno Martinelli, le informe al país cómo piensa manejar el conflicto y encaminar su solución que, insistimos, nada tiene que ver con sonar tambores de guerra o con elevar el tono de las expresiones de patriotismo.
