Ser adulto en Panamá no es una condición fácil

Según el ranking mundial de sociedades que generan calidad de vida para las personas adultas mayores del 2013, de la organización internacional HelpAge, Panamá se encuentra ubicado en la posición 30, superado por otros países latinoamericanos como Costa Rica, Argentina, Uruguay y Chile (posición 28, 26, 23 y 19, respectivamente) y ligeramente por encima de Ecuador y Brasil (posición 32 y 31, respectivamente). No obstante y, a pesar de esta supuesta posición privilegiada en la que se encuentra el Istmo en el susodicho índice, vale la pena hacer algunas acotaciones sencillas y empíricamente evidentes.

Salvo por algunas políticas como 120 a 65, los viejos sin jubilación se encuentran al final de esta cadena de exclusión social.

Envejecer en la sociedad panameña no es de ninguna forma comparable con hacerlo en Costa Rica, por poner solo un ejemplo. Primero y, a diferencia de esta sociedad centroamericana, en nuestro país los adultos mayores se encuentran desprovistos de una política gerontológica integral que salvaguarde su bienestar social, no solo en lo referente a las prestaciones médicas geriátricas y subsidios económicos, en los cuales aún queda muchísimo por hacer, sino también con relación a otras dimensiones del bienestar social, como lo son la educación, la familia, la recreación u ocio y la participación social, en las cuales no se han creado programas para su promoción. Segundo, en Panamá no existe un ente institucional u órgano rector en materia de envejecimiento y vejez como el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) en Costa Rica, el cual se encuentra encargado de generar las políticas públicas necesarias para garantizar la calidad de vida y el bienestar social de este grupo etario. Tercero, aunque Panamá cuenta con una política de descuento para estas personas en lo referente a los restaurantes, transporte y a las actividades recreativas, no existen controles suficientes para garantizar que la ley se cumpla en todas las esferas, a diferencia de Costa Rica, en donde se vigila celosamente el cumplimiento de las leyes dirigidas a salvaguardar los intereses socioeconómicos de los viejos. Cuarto, aunque el concepto de ciudadano de oro es un tanto atípico en nuestro país, sociedades como la costarricense han creado toda una plataforma institucional para promover a nivel nacional la idea socializada de que sus viejos son ciudadanos de primer orden y, por ende, merecen todas las consideraciones en cuanto a sus derechos humanos y derechos como ciudadanos (cívicos, políticos y sociales). Bajo esta premisa, recientemente se ha logrado incluir a los viejos en la educación y la enseñanza de los niños en las escuelas, lo que busca crear una suerte de vínculo generacional. Quinto, a diferencia del Istmo, en Costa Rica existen fuertes políticas de vivienda para ancianos desamparados y abandonados por sus familiares, lo que no se reduce a albergues temporales o asilos, sino que se les suministra un bono de vivienda que le garantice un hogar digno.

Ahora bien, bajo semejante contraste entre sociedades, no extraña en absoluto que Costa Rica se encuentre en el número veintiocho del ranking mencionado, lo extraño es que Panamá se encuentre en el número treinta, siendo esta última una sociedad que no ha procurado crear las condiciones institucionales mínimas para el bienestar social de este grupo etario, en donde la discriminación y falta de tolerancia hacia los viejos se perciben en todas las esferas de la vida, desde el ámbito privado con el maltrato doméstico (en algunos casos) hasta la misma trivialización pública de sus demandas reivindicativas. Por si fuera poco, debemos reconocer que en la sociedad panameña, salvo por algunas políticas como 120 a 65, los viejos sin jubilación se encuentran al final de esta cadena de exclusión social. Son verdaderos parias residuales de un mundo que los desconoce como ciudadanos y que, peor aún, amenaza con olvidarlos para siempre como seres humanos.

Así, bajo la incongruencia de un índice que sostiene que Panamá es un país amigable para los viejos y una sombría realidad que se impone, crece una panorámica incómoda de incertidumbre. Suerte de claroscuro en el que el porvenir de nuestros viejos se entremezcla dentro de realidades socioeconómicas cotidianas (canasta básica, precio de los medicamentos, etc.), empeoradas por los avatares de la edad y las ficciones estadísticas que legitiman fantasías respecto a la situación del viejo en Panamá y, peor aún, refuerzan la desidia de la sociedad panameña, en cuanto a intervenir y mejorar institucionalmente el bienestar social de este grupo etario.