Servidores públicos marginados
Luego de que el anterior gobierno propusiera el régimen de estabilidad laboral para los servidores públicos, ley que buscaba y brindaba protección a los funcionarios, hoy día vemos cómo la alianza panameñista–PRD se ha dado a la tarea de querer echar por tierra la esperanza de funcionarios que laboran por muchos años y luego del cambio de gobierno son despedidos sin ningún tipo de contemplación ni remuneración, y su tiempo de servicio se va por la borda sin ningún tipo de consideración.
Queremos hacer un llamado de atención a todos los funcionarios para que nos mantengamos en alerta porque estamos frente a una flagrante violación de los derechos laborales de más de 200,000 funcionarios que estamos dispuestos a defender nuestras conquistas al costo que sea porque ya está bueno de que siempre seamos los pobres y los humildes ciudadanos de este país los que tengamos que ser sacrificados. En campaña se dijo que el pueblo primero, ahora en el poder es todo lo contrario, jodamos primero al pueblo.
Compañeros funcionarios, es el momento de enfrentar unidos esta violación a nuestros derechos laborales agrupados en la Ley 127 de 2013, que establece que todos funcionarios con dos años de servicio continuo o más en el engranaje gubernamental está protegido por el régimen de estabilidad laboral. Esta legislación, que por primera vez se implementa en nuestro país, busca garantizar la estabilidad del servidor público, situación que nos obliga a unificar criterios sin bandería política y demostrarle a la clase dominante que estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias con el propósito de que se respeten nuestras conquistas laborales.
Pienso que ya es tiempo de que cese la discriminación laboral contra los servidores públicos, porque no puede seguir sucediendo que no se les reconozca sus prestaciones. Producto de esta situación se logró que se aprobara la Ley 39 del 26 de junio 2013, que reconoce las prestaciones laborales de manera similar que a los trabajadores del sector privado.
Ahora el gobierno del presidente Juan Carlos Varela derogó el Decreto Ejecutivo N.° 52, que reglamenta las leyes mencionadas y deja sin efecto los beneficios consabidos y se anulan los efectos de la obligatoriedad del pago inmediato de las prestaciones laborales a los funcionarios. Defendamos nuestros derechos para que no se atrevan a cambiar o a quitar nuestras conquistas en la Asamblea Nacional de Diputados. Dejemos plasmado que iremos a la calle a pelear por nuestros beneficios.
