‘Show’ grotesco
Un fiscal perseguido por la justicia de Estados Unidos y juezas que debieron declararse impedidas por su pública animadversión al magistrado Alejandro Moncada Luna pusieron en marcha un proceso judicial que vulnera normas del Código Procesal Penal.
A saber, nadie puede ser condenado a una pena o sometido a medida de seguridad sin juicio previo dentro de un proceso tramitado con arreglo a las normas de la Constitución Política; toda persona debe ser tratada y considerada como inocente durante la investigación y el proceso hasta tanto se le declare responsable del delito que se le imputa en sentencia que haga tránsito a cosa juzgada.
El Código Procesal Penal establece como causales de impedimentos o recusación cuando existen conflictos de intereses o motivos graves que afecten su imparcialidad como la enemistad.
El abogado defensor de Moncada Luna interpuso recursos de impedimento contra Ana Matilde Gómez y Zulay Rodríguez en tiempo procesal oportuno, pero no fueron aceptados, destapando los motivos políticos antes que judiciales que rigen su intervención.
El artículo 134 del código indica que las notificaciones se recibirán personalmente o al apoderado y ninguna resolución judicial puede comenzar a surtir efecto antes de haberse notificado legalmente a las partes. No se han cumplido estas y otras providencias procesales por el afán político de presentar al magistrado en rebeldía y proceder a ordenar su detención.
Ni los peores delincuentes comunes han sufrido un atropello tan lamentable de las normas procesales como un magistrado de la Corte Suprema, colocado desde hace tiempo en la mira de la venganza de políticos profesionales y medios de comunicación allegados al gobierno de Varela. Esto podría ser un adelanto de las arbitrariedades que van a soportar los magistrados de la Corte nombrados por el gobierno anterior o los que cumplirán el tiempo de caducidad de su ejercicio.
Cuando se nombren por vía del Ejecutivo por una asamblea regimentada se va a desencadenar una oleada ilimitada de quebrantamientos al Estado de Derecho. La administración de justicia se pondrá al servicio de las persecuciones políticas de un gobierno que impunemente rompe el ordenamiento jurídico en todo lo que promueve para saciar ojerizas personales.
Panamá ha entrado a una etapa de oscuridad jurídica digna de ser comparada con los regímenes autocráticos de la peor especie. El Órgano Ejecutivo se extralimita de las funciones prescritas por la Constitución. El Órgano Legislativo funciona con una mayoría prefabricada para anular la oposición. El presidente Varela se reúne con diputados del PRD, violando las decisiones de la dirigencia. El Tribunal Electoral anula elecciones de diputados, alcaldes y representantes, aplicando dispositivos inexistentes en el Código Electoral.
La vasta demolición del Estado de derecho nos regresa a la barbarie inconstitucional en consonancia con la inseguridad policial que amenaza vida y hacienda.
La administración de justicia desaparece devorada por la injusticia política.
