Sigue el laberinto
El Gobierno sigue extraviado en el laberinto creado por su ineptitud administrativa. No atina en encontrar una salida racional y equitativa al problema de los buses piratas. La propuesta de que trabajen como choferes de la empresa Mi Bus provocó la indignación colectiva de los transportistas. Según informaciones periodísticas, se presentaron dos propuestas en la mesa de negociaciones para que los buses que operan en oeste, el norte y el este se conviertan virtualmente en propiedades de la cuestionada empresa colombiana.
Los conductores interpretan la propuesta como una maniobra de Mi Bus, y aseveran que “la empresa, con el apadrinamiento del Gobierno, intenta burlarse del grupo al desconocer la inversión que se ha hecho para prestarles el servicio a los usuarios“. El dirigente del sector oeste, Samuel Osa, dijo que las autoridades los están empujando a volver a las calles, porque presentan propuestas que crean incertidumbre en los usuarios y pérdidas económicas a los conductores.
Aclaró que no están buscando trabajo bajo el patrocinio de Mi Bus, sino que las autoridades de Tránsito les permitan circular en las rutas que movilizan diariamente 150,000 pasajeros en Capira, Arraiján y La Chorrera, lo mismo que en Panamá y San Miguelito.
Pero el Gobierno actúa con el objetivo cada vez más evidente de favorecer a Mi Bus con una renegociación del contrato original de 2010, en términos que profundizan la crisis del transporte urbano al pretender que la empresa colombiana causante del problema lo agigante con las pruebas de su reiterado incumplimiento de la concesión primitiva.
El Gobierno no encuadra sus decisiones en la Ley orgánica N.° 14 de tránsito terrestre, dictada en 1993. El artículo segundo de la ley estipula claramente que “en aquellas rutas o zonas en las cuales las personas naturales o jurídicas no prestan o no puedan prestar el servicio o este servicio sea deficiente, el Estado asignará otro concesionario para asegurar el interés público, de acuerdo con lo establecido en esta ley, sin más limitación que la de no incurrir en arbitrariedad”.
Los buseros informales se respaldan en la ley para demandar que se les asigne el servicio como concesionarios autónomos. La jurisprudencia señala que en los casos de concesiones de rutas, el Estado tiene la potestad de otorgar la concesión de ruta, incluso en el supuesto de que se esté prestando ese servicio, con fundamento en consideraciones referentes a los usuarios del transporte público. La ley permite que el Estado haga uso de su discrecionalidad en otorgar o eliminar concesiones, como es la situación de Mi Bus.
Sin embargo, el gobierno panameñista se empeña en renegociar el contrato de Mi Bus y no en rescindirlo, como reclaman los usuarios no solo por las deficiencias en las rutas donde trabajan los informales, sino en las otras rutas metropolitanas. El interés público está por encima de los privilegios económicos.
Está claro, contrario a ello, que el gobierno panameñista da otra muestra de preferencia a los grupos económicos antes que a los sectores populares. No hay justificaciones para renegociar con la empresa que, desde el gobierno anterior, ha demostrado incumplimiento del contrato y su distanciamiento de la ley del transporte terrestre. No hay capacidad de decisión, mientras sigue la crisis.
