Símbolo nefasto
La demolición de la casa expropiada al exdictador militar Manuel Antonio Noriega obedece a motivos sanitarios, políticos y económicos. Desde el punto de vista sanitario, la ruinosa residencia, en Altos del Golf, se había convertido en un foco de criaderos de mosquitos de la variedad Aedes aegypti, que puso en riesgo la salud de los vecinos, además de la inseguridad incubada por delincuentes que allí se refugiaban.
Desde el punto de vista político, era un símbolo nefasto del militarismo antidemocrático que ofendió al país durante el lapso de veinte años. Desde el punto de vista económico, su valor catastral representa un resarcimiento mínimo de los millones de dólares que lucró ilegalmente el dictador. Se ha dispuesto que se levante un museo en honor a los panameños caídos en defensa de la democracia, en los terrenos ubicados en las calles Gil Blas Tejeira y Miguel Angel Paredes, en Altos del Golf, San Francisco.
El Estado le ha expropiado 12 fincas, entre ellas la casa de campo de Chiriquí, donde existió un zoológico rústico de animales de montes. Pero estas no alcanzan a satisfacer el monto del dinero que debe pagar a la nación por defraudaciones de recursos públicos y lavado de dinero que investigan las autoridades.
Las retroexcavadoras redujeron a escombros el inmueble; pero no pueden limpiar el significado de la presencia política denigrante de ese vestigio de la dictadura militar. Era contraproducente que la casa siguiera en pie, aunque abandonada por falta de mantenimiento continuo, mientras Noriega está encarcelado en el presidio de El Renacer por más de dos años, sin que se hayan llevado a cabo los procesos judiciales que se le deben seguir por enriquecimiento ilícito y autoría intelectual por los asesinatos del médico Hugo Spadafora, el mayor Moisés Giroldi y los compañeros de armas masacrados, después del fracaso de la tentativa de eliminar su omnipotencia autocrática.
La administración de justicia está en mora en el impulso procesal de los procesos incoados contra el dictador, en tanto que, por contraste judicial, ha sido procesado y sentenciado en Estados Unidos y Francia, por nexos con el narcotráfico internacional y lavado de dinero, y en Panamá no recibe aún sanción alguna por sus múltiples delitos, morosidad judicial que propicia que los representantes legales y familiares soliciten el arresto domiciliario del dictador para librarlo del rigor del establecimiento carcelario.
Las nuevas generaciones desconocen quién fue el padre Héctor Gallegos, quiénes lo eliminaron y por qué desapareció el noble sacerdote que apoyaba las demandas de los campesinos. Ignoran la trayectoria humana y política de los desaparecidos como Hugo Spadafora, Heliodoro Portugal, Floyd Britton, Rita Wald, Nicolás Van Kleeren, Aurelio Yito Barrantes, Dorita Moreno, además de innumerables panameños, estudiantes, campesinos, profesores, que fueron torturados y asesinados en cuarteles, el penal de Coiba, cárcel Modelo, y otros lugares.
Investigaciones periodísticas de Brittmarie y del libro “Intervención y dictadura”del doctor Guillermo Rolla serán una valiosa colaboración para identificar a las víctimas de la despiadada represión contra los ciudadanos que padecieron prisión, exilio y muerte en defensa de la democracia representativa.
