Sin exclusiones
El sector empresarial alzó su voz de protesta con justa razón. La posibilidad de frenar la construcción de hidroeléctricas y de cancelar las concesiones vigentes traerán un efecto sobre el país y la economía.
En reiteradas ocasiones los empresarios, agremiados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada, han dejado claro que las decisiones que tienen incidencia en el desarrollo del país deben ser ampliamente consultadas.
Los grupos indígenas reclaman la protección del medio ambiente dentro y fuera de la zona comarcal. Su interés de preservar las fuentes hídricas es admirable; sin embargo, si existen proyectos hidroeléctricos que pueden generar energía para el país sin afectar el medio ambiente, no pueden ser paralizados.
Aunque la mesa del diálogo ha sido abierta y los mediadores también han insistido en lograr consensos es necesario tomar en consideración el impacto de los acuerdos que allí se pacten.
El Gobierno debería incluir en este proceso de negociación a los sectores productivos del país que, al final, junto a los consumidores son los que tendrán que asumir los costos de la energía.
Los posibles escenarios que se presentan demuestran que las decisiones deben ser discutidas a todos los niveles. Si se accede a suspender las concesiones hidroeléctricas es inevitable que llegarán demandas contra el Estado y serán los ciudadanos, con sus impuestos, los que deberán asumirlas.
La generación de energía para cubrir la demanda en los próximos años es un tema de alta prioridad. Si Panamá no es capaz de suplir con eficiencia a toda la población y la industria, entonces existen grandes probabilidades que se debilite la economía y se frene el desarrollo.
