Sin justificación
Los ciudadanos tienen el derecho a expresarse libremente sobre sus pensamientos o ideales, siempre y cuando esa acción no perjudique al resto de la población.
Es una gran irresponsabilidad intentar justificar un cierre de calle, sin importar si las reclamaciones son justas o no, simplemente se atenta contra la economía del país. Los grupos indígenas que protestan en San Félix, Chiriquí, y otros movimientos que reclaman más atención de salud en la capital tienen preocupaciones entendibles. El desarrollo de la minería y la construcción de hidroeléctricas amenazan su forma de vida en las montañas.
Sin embargo, las medidas de presión que han utilizado, cerrando por varias horas la vía Interamericana, solo ha causado millonarias pérdidas. Obstaculizar las vías en Panamá es considerado un delito y tiene hasta pena de cárcel.
Es por eso que los cierres de calles atentan contra el país y sus ciudadanos. Las protestas de ayer paralizaron el comercio internacional y la economía interna.
Cientos de camiones de carga varados a un lado de la carretera y miles de personas sin poder movilizarse, dejó esta jornada de protestas.
Es también inadmisible que esta clase de manifestaciones sean acuerpadas por grupos políticos y organizaciones que están en contra de la minería. Con estos cierres de calles, pierde todo el país y más que afectar a un gobierno perjudica a la población.
Los asuntos políticos tienen su espacio para el debate, al igual que las leyes polémicas como la vinculada a la minería.
Los indígenas son leales a sus principios y tienen todo el derecho a reclamar más atención. Sin embargo, deben respetar las leyes del país donde viven y los cierres de calles vulnera la libertad de circulación.
