Sin justificación
Las leyes se hicieron para respetarlas, y en un país democrático no se puede pasar por alto cuando personas irresponsables utilizan una manifestación para cometer delitos graves.
Intentar justificar la destrucción de propiedad privada y el saqueo miserable de locales comerciales es un insulto a la población. Los hechos del pasado viernes en la ciudad capital debilitaron la imagen del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares y dejaron a sus líderes en problemas.
Aunque siguen evadiendo las consecuencias de estas manifestaciones violentas, no queda duda de que todo se salió de su control.
El Ministerio Público adelanta procesos de oficio por los daños causados a la propiedad del Estado, y muchos de los comerciantes que fueron perjudicados ahora preparan también sus acciones legales.
Muchos de los empresarios cuyos negocios fueron destruidos en Panamá y Colón deben sentirse impotentes. Las pérdidas económicas podrían dejarlos fuera del mercado y nadie responde por estos actos delictivos.
Si las autoridades judiciales logran, a través de sus investigaciones, encontrar pruebas suficientes contra las personas implicadas en estos hechos, deben formularles cargos.
Los sindicatos y sus agremiados no están por encima de la ley, por lo que también tienen que enfrentar su realidad.
Es irónico pedir paz generado violencia, nada lo justifica.
Los grupos organizados de la sociedad tienen todo el derecho de protestar para rechazar o aprobar iniciativas de los gobiernos, sin embargo, no pueden recurrir a los disturbios como única alternativa.
Es necesario que todos los ciudadanos estén conscientes de esto.
