Sin justificación
“El Gobierno no ha tenido en miras la creación del Instituto Nacional con fines sectarios. Esta no es una institución de combate, sino un centro docente. El Gobierno, por el contrario, aspira a que el Instituto Nacional sea un campo abierto a las ideas grandes, generosas y nobles, a que en su seno reciban los jóvenes un bautismo de tolerancia, para que así puedan surgir de entre ellos los observadores asiduos, los investigadores pacientes y sagaces, y los pensadores valerosos y desapasionados”.
Desde hace varios años, las palabras de Eusebio Morales en la inauguración del Instituto caen en el vacío por los actos irresponsables de alumnos que convierten las aulas en escondites de armas y bombas, y las calles aledañas en escenario de combates. Por cualquier motivo esos alumnos deshonran el abolengo pedagógico del colegio, fundado para formar investigadores y pensadores, pervirtiendo los nobles propósitos de su creación.
Larga y abochornante es la historia de los desmanes de malos institutores en el pasado y el presente, como también es remarcable el recuento de los estadistas, magistrados, profesionales y ciudadanos formados en el Nido de Águilas. Las circunstancias de los recientes disturbios provocaron la intervención de la Policía Nacional para poder desactivar artefactos explosivos y recoger armas caseras, al comprobarse que alumnos encapuchados las ingresaron al plantel dentro de mochilas que debieran portar solamente libros de enseñanza.
“Si la Policía no actúa, a esta hora tendríamos una tragedia montada”, explicó Lucy Molinar, ministra de Educación. Aunque rige un decreto sobre el régimen interno de escuelas públicas y privadas que norma una escala de amonestaciones, suspensiones y expulsiones de los protagonistas de actos vandálicos contra el Instituto y el orden público, todavía hay estudiantes que desafían y violan las sanciones, amparándose en recursos legales para dilatar los procesos administrativos.
Esta premeditada prolongación de la aplicación de medidas contribuye a que los estudiantes causantes de violencia recurrente continúen asistiendo a clases y prosigan sembrando cizaña entre sus compañeros. Hay que considerar el hecho repudiable por el que se desparramó gasolina en la puerta de la rectora encargada, con el evidente propósito de incendiar la oficina. La matrícula del Instituto asciende a 2,132 alumnos. La mayoría estudiantil es integrada por jóvenes concentrados en el aprendizaje. Son grupos proporcionalmente reducidos, pero peligrosamente activos, los participantes en la organización y perpetración de desmanes. No tiene sentido que los menos perjudiquen a los más.
La suspensión de clases afecta a todo el alumnado. Ante el cierre, puede examinarse la posibilidad de que los estudiantes ajenos a la violencia vayan a otros planteles. El Meduca debe nombrar al rector titular para robustecer la autoridad e impedir que alguien se aferre a la situación para justificar las turbulencias periódicas. Por otro lado, si se probara la intervención de infiltrados o exestudiantes, habría que investigar para precisar hasta dónde llegan las raíces políticas de los atizados desórdenes. El Código Penal sanciona con prisión de tres a 8 años a quien mediante incendio o explosión cause un peligro común a personas o bienes.
