Sin más excusas

La posición del Gobierno en el paro de los operadores del metrobús debe ser conciliadora, y así ha sido. El Ministerio de Trabajo solo puede servir de mediador en esta crisis laboral en la que una organización de trabajadores exige mejoras salariales a una empresa privada.Algo debe quedar muy definido en toda esta polémica y es que no son todos los operadores los que están ejerciendo presión para lograr más dinero. Es más, fuentes internas de la empresa aseguran que son cerca de 90 conductores los que han puesto sus condiciones y mantienen en tensión al resto de la empresa de transporte. Lamentablemente la disputa laboral que mantienen desde hace varias semanas pone en peligro la prestación de un servicio indispensable para los panameños que viven en la ciudad capital. Aunque la empresa ha manifestado que están en la capacidad de garantizar el servicio, es evidente que la pugna podría terminar mal. Si las unidades del metrobús comienzan a circular en medio de un paro, que no ha sido avalado por las autoridades de Trabajo, es natural que se generen enfrentamientos internos. Lo peor de todo es que los usuarios son los que quedan pagando los platos rotos en esta disputa que solo soluciona el dinero.¿Cómo podría enfrentar la empresa un ajuste general de salarios y seguir siendo rentable sin tocar la tarifa a los usuarios? Es todo un dilema tratar de complacer las demandas de un grupo de conductores y a la vez garantizarles a los usuarios que pagarán el mismo pasaje. Sin dejar a un lado que el Estado desembolsa anualmente varios millones de dólares para subsidiar el funcionamiento del sistema y eso beneficia directamente a los usuarios. Las cosas cambian cuando suben los costos de planilla y eso hay que tenerlo presente al momento de sentarse en una mesa de negociación. Cada dólar que se aumenta tiene una repercusión directa sobre la rentabilidad de la empresa concesionaria que no tendrá muchas alternativas que subir tarifas o pedir más subsidios. En ambas opciones salen perdiendo los usuarios y, de paso, los contribuyentes que aportan a las arcas del Estado con sus impuestos. Los conflictos salariales siempre son delicados de manejar, sobre todo cuando se trata de un sector tan sensitivo como el transporte público. Los conductores pasaron de la informalidad a ser asalariados. Ni siquiera tenían derecho a seguro social o alguna clase de bonificación por productividad, sin embargo, cuando se transformó el sistema tienen a su favor una serie de beneficios adicionales que tienen que reconocer. Los trabajadores, sin importar la actividad, tienen derecho a exigir mejores condiciones salariales, siempre y cuando actúen dentro de la ley. Cuando se traspasa esa línea de lo legal y se recurre a medidas de presión en perjuicio de los ciudadanos, entonces es necesario darle prioridad al tema. Ambas partes deben ceder y tener un margen de maniobra que permita que los operadores reciban salarios justos, pero de acuerdo con la capacidad financiera de la empresa. Si intentan hacer lo contrario y presionar por más salarios sin considerar la rentabilidad del negocio del transporte, entonces estarían atentando contra sus trabajos.