Sin preferencias
El alcance fiscal que estableció la Dirección General de Ingresos (DGI) en la empresa Desarrollo Golf Coronado, S.A. supera los tres millones de dólares.
La empresa, propiedad de I. Roberto Eisenmann Jr., quien es fundador del diario La Prensa, deberá ahora agotar la vía administrativa y si no prosperan sus reclamaciones deberá ir a la Corte Suprema de Justicia.
Como cualquier otro contribuyente Eisenmann tiene el derecho a pedir una reconsideración y enfrentar ante la justicia la supuesta evasión fiscal.
Los empresarios que manejan de forma responsable y seria sus finanzas no deben sentir temor de defender hasta el final la operación de su empresa.
Muchos contribuyentes en Panamá son sometidos a esa clase de auditorías y al final tienen que cumplir con la ley. Simplemente se trata de eso: cumplir con la ley.
La Constitución Política de Panamá es clara y advierte que no habrá fueros ni privilegios para ningún ciudadano.
Pagar impuestos es responsabilidad de todos los ciudadanos. No debe existir discriminación al momento de fiscalizar el pago de los impuestos.
Siempre que actúe apegada a la ley la DGI está en el derecho de reclamar a beneficio del Estado todos los impuestos que se dejen de pagar.
Si el contribuyente se siente afectado con un alcance fiscal y no encuentra solución en la DGI, entonces está en su derecho de presentar una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Lo interesante es que el afectado deberá depositar el monto de los tributos exigidos en las resoluciones recurridas. Claramente es un asunto tributario, para el que no hay muchas alternativas.
