Sistema Penal Acusatorio, un caso de extrema 'misericordia'

Los angloparlantes suelen decir que hacer lo mismo una y otra vez, y esperar un resultado diferente es desquicio. Pareciese que, en materia judicial (y en muchos otros aspectos), los tomadores de decisiones de nuestro país nunca hayan escuchado esta frase, no la entiendan o sencillamente necesiten asistencia psiquiátrica. Otra posible explicación es que estén tratando de promover la paranoia a través de la inseguridad a fin de distraer a la población mientras llevan a cabo sus oscuros planes de gobierno.

Finalmente, bien podría ser que estén tratando de competir con Jesucristo, cuya misericordia es infinita. Hace un par de meses, el Gobierno dio a conocer, con bombos y platillos, la extensión del Sistema Penal Acusatorio (SPA) a las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé, como si esto fuera todo un logro para la administración de justicia en Panamá. Los resultados, sin embargo, no se hicieron esperar y de una forma bastante contradictoria pero perfectamente predecible. Tal cual sucedió con las provincias de Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas, pioneras de esta "panacea judicial", la provincia de Chiriquí ha experimentado una singular escalada de crímenes, y la mejor respuesta que el Gobierno pudo encontrar fue remover al jefe de la zona policial. ¿No es demasiada coincidencia que la eficiencia de este funcionario haya disminuido repentinamente al implementarse el SPA en su jurisdicción?

Dudo que seguir buscando la fiebre en la sábana, tal cual lo hicimos con los "diablos rojos", vaya a resolver el problema. Tampoco lo resolverá el copiar los modelos de criminalística de CSI Miami o CSI New York, sin contar con los recursos ni el personal para llevar a cabo la labor investigativa como se hace en estas populares series de televisión. No es necesario poseer facultades proféticas para predecir lo que ocurrirá cuando el Gobierno logre consumar sus planes de instaurar este sistema en toda la geografía nacional, incorporando a Darién, y especialmente a Panamá y Colón. Estas dos últimas provincias, a pesar de poseer apenas un poco más del 50 por ciento de la población del país y de no estar implementando aún el SPA, concentran el 88 por ciento de los homicidios. Sumado a esto, muchos de los criminales que allí se forman ahora trasladan sus operaciones hacia otras provincias donde sí rige esta paradójica modalidad judicial a fin de disfrutar de los privilegios que esta ofrece y evitar la competencia.

Esta no es una suposición, sino la honesta explicación que recibí de un funcionario estrechamente ligado al tema cuando, movido por la extrañeza y curiosidad, le consulté por qué habían tantos policías apostados en un punto del país que solía ser destinado a la relajación y al esparcimiento. Nuestro sistema judicial posdictadura se ha caracterizado por ser sumamente solidario con los criminales, mas no así con las víctimas ni con los policías que osan cumplir con su papel. Sin embargo, a raíz de la puesta en práctica del SPA, esta solidaridad se ha convertido en un tipo de padrinazgo. Existe un sinnúmero de casos en los cuales la "justicia" administrada bajo este sistema ha fallado y no precisamente en lo referente a emitir un juicio, sino a contraponerse a lo lógico, justo y responsable.

No es de sorprender entonces que las víctimas opten por resignarse a este desamparo judicial y que la policía adopte posturas de indiferencia frente a los crímenes e incluso de colaboración con los mismos. Al final de cuentas, la mejor parte se la llevan los perpetradores de estos crímenes, quienes capitalizan la condescendencia, la misericordia y la impunidad que el SPA promueve. ¿Será que, además de incrementar los crímenes de otra naturaleza, se está tratando de devolverle al país los índices de homicidios que ostentaba en el 2011 (20.8 por cada 100 mil habitantes). De por sí, no estamos tan rezagados como muchos creen. Esos "incipientes" 17.2 homicidios por cada 100 mil habitantes que ocurren actualmente casi que duplican los 9 que la ONU considera aceptables para un país. Por otra parte, para aquellos ingenuamente hiperoptimistas o maliciosamente "falaciosos" que alardean de los avances que Panamá ha hecho en materia de seguridad al compararla a manera de consolación con el resto de los países de Centroamérica, es importante que tengan presente que esta región es precisamente la más violenta del mundo, superando a "cucos" como Irak y Afganistán. En otras palabras, ser los menos inseguros entre los más inseguros no nos hace seguros.