Sobre accidentes ocupacionales y otros desastres
En días pasados los medios de comunicación publicaron una noticia en donde informaban sobre la muerte de un recolector de basura tras su caída de un camión en marcha, y que dicho accidente sería investigado por la Fiscalía.
De esta noticia, varias cosas no me cuadran. Primeramente, no es la primera vez que uno de estos pobres trabajadores se cae de un camión en marcha. Los accidentes no ocurren por casualidad; siempre tienen una causa. Al igual que las leyes de física, química o biología, las leyes que rigen la seguridad ocupacional señalan que por cada accidente mortal, ocurren una veintena de accidentes graves con incapacidad y varios cientos de incidentes leves sin incapacidad. Es decir, el hecho que un recolector de basura haya muerto, significa que anteriormente ya habían resbalado y caído varias veces , pero como nadie investigó ni eliminó la situación de riesgo, el accidente mortal finalmente llegó. Esa es la ley de la causalidad de accidentes.
Por eso, la actual normativa en materia de prevención y gestión de riesgos profesionales, obliga al empleador a investigar los accidentes, cada vez que éstos ocurren en los sitios de trabajo o en ruta hacia o desde el mismo. El problema es que las instituciones encargadas de fiscalizar estas disposiciones, sólo parecen obligar a las empresa y se olvidan que el Estado es también un empleador.
Igualmente, resulta un exabrupto que sea la Fiscalía la que investigue la caída del recolector del vehículo en marcha. La Fiscalía no maneja esta materia, y muchos menos pudieran hacer las investigaciones y recomendaciones de rigor. Además, su jurisdicción está tan cuestionada que cualquier conclusión a la que lleguen en la investigación no tendrá credibilidad ni el alcance esperado.
Los accidentes ocupacionales están tipificados en la Resolución No. 45,588 de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Por tanto, es responsabilidad de la Caja atender estos asuntos. Entiendo que una cosa es fiscalizar a las empresas y otra es tomar partido a las instituciones del Estado. Porque si los inspectores de la Caja investigaran las oficinas públicas con la misma vehemencia y prepotencia como visitan las empresas, un gran porcentaje de accidentes pudieran evitarse.
La muerte accidental del recolector de basura es un caso patético. La actividad de recoger basura es de alto riesgo. Uno los puede mirar cuando se encaraman en esos vehículos o cuando recogen las bolsas de las casas. Son trabajadores con riesgo de caídas, colisiones, cortaduras, atropellos, mordeduras de perros, agresiones, estrés, posturas, contaminación, quemaduras y ruido, por mencionar algunos. Además, debieran utilizar equipos de protección personal como guantes especiales de vinilo y cuero, anteojos de seguridad, uniformes con protección de caucho, mascarillas contra polvo y líquidos, botas con punta de acero y fajas lumbares. También, los vehículos de recolección debieran tener sillas con agarraderas y cinturones de seguridad para evitar las caídas en movimiento, y contar con dispositivos para impedir que la velocidad sobrepase los 80 kilómetros por hora.
¿Pero quién le pone el cascabel al gato? Seguramente, la muerte de este recolector no es suficiente para cambiar el patrón de inspecciones que llevan a cabo las autoridades. Parece convenirles mejor el mirar hacia el otro lado que comprender que las leyes de la gravedad y de causalidad no discriminan edades, partido, raza o género.
Es inexcusable que en muchas instituciones del Estado obligan a funcionarios a trabajar de forma insegura, cuando en iguales circunstancias, las empresas son multadas y clausuradas. Las autoridades deben evitar esta doble moral para impedir que ocurran más accidentes y entender que los que laboran en el sector público son tan humanos como los que trabajan en el privado.
Empresario.
