Sociedad civil, en las decisiones ambientales
El Estado panameño, a través de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), ha promovido, desde la misma Ley General del Ambiente (Ley 41 de 1 de julio de 1998), la participación democrática de todos los ciudadanos en la formulación y ejecución de políticas, estrategias y programas ambientales. Todo esto mediante los diferentes órganos de consulta que existen por norma, como la Comisión Consultiva Nacional del Ambiente, para la toma de decisiones de trascendencia nacional e intersectorial, como también las comisiones consultivas, tanto provinciales, comarcales y distritales.
En estas últimas, la sociedad civil interviene para analizar los temas ambientales que le corresponden a su jurisdicción, hacer observaciones, recomendaciones y propuestas a las administraciones regionales de la Anam, que participan en la secretaría de las referidas comisiones. Así las cosas, no deja duda alguna de que en el estado de derecho y democracia que se vive en la sociedad panameña existen las suficientes normas y recursos legales como para que la sociedad civil tenga presencia, opine, sugiera, recomiende, advierta, se informe y hasta se oponga al rumbo al que se dirigen los asuntos ambientales en este país.
Quizá una de las razones que se pueden aducir sobre el porqué de la participación de los ciudadanos en las decisiones ambientales, no refleje la verdadera efectividad deseada por la sociedad civil; pudiera ser, por un lado, el desconocimiento de esta herramienta o instrumento para la gestión ambiental y sus mecanismos de acción en la administración pública.
Otra pudiera ser, que la participación ciudadana como instrumento de gestión ambiental no se ha fortalecido lo suficiente en su mecanismo de acción puntual en el ámbito geográfico correspondiente, al igual que sus procedimientos administrativos. Sin embargo, también, -y hay que ser lo suficientemente juicioso en esto-, las expectativas de algunos miembros de la sociedad civil (bien o mal intencionados) consideran que bajo estas normativas son ellos los que se abrogan el derecho de decisión y mandato sobre el asunto ambiental en discusión.
Consideran inclusive, que su planteamiento priva sobre los demás precisamente por ser sociedad civil, y para ello no existe ni admiten razón o argumento, ni entendimiento científico ni técnico, ni conciliación que valga. Posiciones de intransigencia, de imposición, de manipulación y de “torcedera de brazo”, porque -según ya nos ha tocado escuchar: “Nosotros somos la sociedad civil y somos los que mandamos”. Estas actitudes y frases no ayudan ni perfeccionan la coexistencia pacífica, la tolerancia, la democracia y el estado de derecho con respeto, en el que todos merecemos vivir… inclusive los intransigentes.
No obstante, la participación organizada y visionaria del objetivo ambiental que deseamos trazarnos como sociedad, redunda mucho en el desarrollo sostenible del país. Una opinión firme y bien fundamentada, más allá inclusive de lo técnico, pero basada en experiencia -la experticia de los años vividos en un ámbito geográfico -, vale más que cualquier estudio o tratado científico ambiental, tanto para oponerse como para recomendar.
Y es eso precisamente lo que como autoridad se necesita escuchar para tomar la decisión más acertada y cónsona con la sostenibilidad que todos hoy estamos buscando. No se trata de oponerse por oponerse, sino de expresarse bajo los canales adecuados, además de opinar y señalar fundamentado en información genuina y legítima. No en un cuento o en una elucubración a veces fantasmagórica, que en nuestros muchos años de bregar en asuntos ambientales, nos dejan perplejos las opiniones y posiciones controversiales de algunos(as) ambientalistas, lanzadas alegremente en medios de comunicación.
La sociedad en su conjunto debe entender que no hace falta mucho estudio para saber y conocer lo que es un ambiente sano y de bienestar en el que deseamos vivir. Tampoco hace falta alguien que “compre” nuestra conciencia con prebendas, plazas de trabajo, regalías y placeres momentáneos, cuando no es un secreto que tal acción antropogénica, llámese proyecto o programama, indefectiblemente nos perjudicará a futuro y gravemente. En esto último hay que revestirse de honestidad y sacar la mejor casta moral, indistintamente de nuestra condición económica. La juiciosa participación ciudadana, decente y ordenada, ya sea a favor o en contra, siempre que sea seria y responsable, orientará la mejor decisión ambiental que se tenga que tomar, sin importar del poder económico o político que la impulse.
