¿Somos parte del conflicto colombiano?

El ministro Mulino metió las cuatro. Y cuando pataleó para sacarlas se hundió de cuerpo entero. La gafada del titular de Seguridad es ya un hecho consumado; por tanto, no es útil ocuparse de sus enredos verbales. Lo que importa saber es que harán sus superiores, el presidente y el vicepresidente y canciller, para desactivar los negativos efectos de su “imprudente locuacidad”.

La Constitución (ver el numeral 9 del artículo 184) es meridianamente clara. Compete al presidente, con la colaboración del canciller, dirigir las relaciones exteriores. El presidente es el único que, por iniciativa propia, y sin necesidad de autorización previa, puede firmar tratados y convenios internacionales. El ministro de Relaciones Exteriores y cualquier otro ministro, para poder hacerlo, deben ser investidos con los debidos poderes.

En el caso del conflicto colombiano, Panamá ha mantenido, con sensatez y como línea constante de su política exterior, que se trata de “un asunto eminentemente interno”. Cambiar esa posición no le corresponde al señor Mulino, bajo ningún pretexto.

En el presente gobierno los cruces de cables y la usurpación de competencias ajenas han sido nota distintiva. Por consiguiente, es válido asumir que el ministro de marras actuó desbocadamente. Pero como también es característico que algunas “patrullas supuestamente autónomas” no lo sean tanto, pues responden al propósito de “pulsar el ambiente”, para “dejarle margen de maniobra al presidente”, tampoco está fuera de la lógica pensar que, veladamente, estuviera siguiendo “una línea superior”.

Cualquiera sea el fundamento de la conducta del ministro de Seguridad, cosa que estoy cierto nunca se tomarán el trabajo de aclarar, lo importante y trascendental es saber que piensa hacer el señor Martinelli, ante las consecuencias que nos traerá la, hasta ahora, posición “veladamente oficial u oficiosa” del gobierno, pues no ha sido desmentida.

El gobierno se equivoca si sigue por el camino trazado por su ministro de Seguridad. La posición que nos corresponde asumir, para evitar las esporádicas incursiones de los irregulares colombianos, debe ser política y diplomática; nunca militar. El ejército colombiano lleva más de 40 años luchando contra las FARC y, para ello, ha contado con recursos prácticamente ilimitados y, con marcada frecuencia, se ha visto desbordado por las acciones de los insurgentes. Esa es una realidad que no se supera con bravatas trasnochadas o con declaraciones rimbombantes.

Panamá tiene derecho a mantener su integridad territorial y a defender su soberanía; eso es indiscutible. Pero la vía no es la que propone Mulino, autorizada o desautorizadamente. En lugar de sumarnos a un conflicto, que no es nuestro; lo que corresponde es utilizar las vías políticas y diplomáticas, que serían más efectivas y, además, las responsables.

Antes que sumarnos a aventuras militares, que no de otra cosa se trata, y para las que no contamos con recursos, nuestras acciones deben estar encaminadas, en primer lugar, a exigirle a Colombia “que contenga el conflicto dentro de sus fronteras” y, en segundo lugar, a solicitar que los organismos internacionales, ONU y OEA, nos asistan para evitar la violación de nuestra integridad territorial. Cosa que, por cierto, ocurriría si, so pretexto de que se trata de acciones conjuntas, autorizáramos al ejército colombiano a incursionar en nuestro territorio, para combatir a las FARC.