Subsidios electorales: Eliminarlos o transformarlos
Entre 1997 y el 2009, los partidos políticos han recibido subsidios por más de 50 ó 60 millones de balboas, aparte de otros beneficios y prebendas directas: compra de vehículos exonerados, líneas telefónicas y correo gratuitos. Y también otros beneficios indirectos: partidas circuitales, abiertas o disfrazadas, y desorbitadas exoneraciones para sus candidatos electos diputados o representantes de corregimientos.
Que en un país donde existen tantas necesidades primarias insatisfechas se gaste esa monstruosidad de recursos públicos para sostener y engordar a los partidos políticos y sus dirigencias es, como se mire, una absoluta inmoralidad.
Para comenzar, la Constitución no obliga al Estado a otorgar subsidios electorales. El Artículo 141, a la letra, dice: “El Estado “podrá” fiscalizar y contribuir a los gastos en que incurran las personas naturales y los partidos políticos en los procesos electorales”. Esa norma, con una interpretación estirada y acomodaticia por TE y los partidos, fue transformada de posibilidad a obligación en los Artículos 179 y 180 Código Electoral, que dice que “el Estado contribuirá”. Y todavía fueron más lejos, al decir, en términos de mandato, que “para cada elección general se aprobará”, en el Presupuesto del Tribunal Electoral correspondiente al año inmediatamente anterior al de las elecciones, una partida equivalente al uno por ciento (1%) de los ingresos corrientes presupuestados para el gobierno central”.
La jugarreta legal era clara. Como los ingresos corrientes aumentan todos los años, el subsidio también ha aumentado, automáticamente. Esto, de por sí escandaloso, desborda todas las proporciones, ya que, además, el total del subsidio se mantiene, aunque disminuya la cantidad de partidos. En las dos últimas elecciones desaparecieron varios partidos; pero como el subsidio sigue siendo del 1% de los ingresos corrientes, los sobrevivientes aumentaron su tajada. Entonces, se lo repartieron entre 8 y ahora será entre 6. Y si se concretan las anunciadas fusiones, será entre tres o cuatro. En otras palabras, si algunos, ahora reciben entre 5 y 7 millones, cuando queden 3 ó 4, tocarán a 9 ó 11, por cabeza. ¿Puede haber mayor inmoralidad?
¿Es la solución eliminar la contribución del Estado a los procesos electorales? No lo creo. Sería contraproducente. Las campañas se convertirían en una vulgar subasta reservada a quienes pudieran pagarlas y se cerraría el paso a todas las alternativas que no cuenten con los medios para competir con ellos.
La solución es desarmar el andamiaje montado por los partidos y el Tribunal Electoral, adoptando las siguientes medidas: 1) Reducir el monto del subsidio a una cifra total no mayor de 10 millones de balboas y eliminar la absurda fórmula porcentual. 2) No entregar dinero directamente a los partidos. 3) Utilizar el subsidio para contratar espacios en los medios televisados, radiados y escritos, a los que tendrían acceso, en igualdad de condiciones y de manera equitativa, todos los partidos y todos los candidatos.
Para completar “el saneamiento”, se debe fijar un límite a los aportes privados a las campañas y hacer obligatoria la divulgación de sus fuentes o eliminarlos del todo.
Los partidos políticos panameños, por su demostrada voracidad para aprovecharse de los dineros públicos y por su reiterada incompetencia y conductas electoreras han fallado y así deben reconocerlo. Por tanto, no deben esperar simpatía del pueblo, en la encrucijada en que se encuentran y deben estar preparados para perder o renunciar a la mayoría de sus excesivos privilegios. De eso, no lo dudo, es consciente el presidente Martinelli, pero él, a diferencia de la oposición, por detentar el poder y lo que eso significa, puede jugar a la “carta del desprendimiento” y temporalmente ganar simpatías; pero no debe olvidar que estirar demasiado la cuerda y devolver el país a los concursos electorales reservados al poder económico también puede ser la simiente de reacciones justificadas por parte de quienes resulten marginados, que serían, esencialmente, los sectores pobres y mayoritarios del pueblo.
