Táctica de no agresión
El magistrado José Abel Almengor pidió ayer que la Asamblea Nacional lo investigue a raíz de las denuncias que formuló la ex jueza suplente Zulay Rodríguez.
Según Rodríguez, Almengor -junto al ex defensor del Pueblo, Ítalo Antinori, y miembros del Ejecutivo- conspiró para propiciar la salida de la ex procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez.
Será, entonces, la Asamblea Nacional la que definirá sobre la actuación del magistrado.
Pero la actual polémica esconde detrás un debate aún más profundo que la clase política y el Órgano Judicial no han querido dar.
O, para ser más exactos: no les conviene dar. Y es que resulta evidente el conflicto de interés que tienen los diputados y los magistrados: cada uno, por su lado, investiga al otro.
En otras palabras: la Asamblea Nacional tiene la potestad constitucional de investigar a los magistrados de la Corte Suprema. Y, a su vez, estos son los encargados de admitir e investigar las denuncias contra los diputados.
Un juego en el que, quien da el primer paso, pierde.
Así, la costumbre es la inacción. ¿Cuándo fue la última vez que la Asamblea Nacional juzgó y destituyó a un magistrado? ¿Y cuándo un diputado dejó su curul a raíz de una decisión de la Corte Suprema?
Pruebas, o indicios, no faltan: en la Comisión de Credenciales duermen en un cajón cientos de denuncias.
Algunas, como la que presentó Carlos González De La Lastra en 2007 contra el magistrado Winston Spadafora, tienen mucho más que pistas. En aquel momento, González De La Lastra acusó a Spadafora y a su suplente Jacinto Cárdenas de tener nexos comerciales con el empresario Jean Figali, quien recibió fallos favorables de esos magistrados.
Pero nada pasó. A pesar de la Constitución, entre diputados y magistrados lo que se impone es una silenciosa táctica de no agresión.
Y, en ese silencio, el ciudadano siempre pierde.
