Tala indiscriminada
El tema de la tala clandestina de árboles en Panamá hace rato tomó ribetes preocupantes. Es evidente que existe un grupo económico poderoso vinculado al tema de la devastación irresponsable de nuestros recursos naturales.
Las cifras aportadas por organismos internacionales son escalofriantes: un 56% de la superficie boscosa panameña ya fue deforestada, mientras que un 31% de los suelos son utilizados de forma deficiente en actividades agrícolas.
La prohibición dictada por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) para la tala y comercialización de las especies madereras Dalbergia retusa y Dalbergia darienesis, mejor conocida como Cocobolo, es una acción contundente en la defensa de nuestra amenazada flora y fauna.
Panamá logró que el Cocobolo fuera incluido en la lista de especies en peligro de extinción de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, lo que amplía el radio de protección de este árbol maderable, muy apreciado en el mercado oriental.
La disposición de la ANAM cumple con la obligación que tiene el Estado de fiscalizar y garantizar la preservación de los recursos naturales, consagrada en el artículo 120 de la Constitución Nacional.
Lo que corresponde ahora es dotar a la ANAM de los recursos necesarios para cumplir con la obligación estatal. Para nadie es un secreto que esta institución trabaja prácticamente con las uñas, mientras el comercio ilegal de especies en peligro de desaparecer aumenta.
Es necesario implementar verdaderos programas de reforestación en el país, antes de que las personas que se dedican a este negocio, de forma legal e ilegal, acaben con nuestros bosques. Esta es una tarea apremiante.
