Taras jurídicas en la ARAP

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), al menos desde que fue creada, se ha dedicado a reglamentar la normativa pesquera, sin tener en cuenta que se trata de una práctica administrativa que vulnera la Constitución Política, la Ley General de Pesca y la Ley de ARAP, y que la reglamentación de esta normativa es competencia del Ejecutivo, con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Para muestra un botón. Solo basta ingresar a la página web de la Gaceta Oficial para apreciar las normas que se han dictado en extralimitación de sus funciones, lo que puede conllevar acciones de nulidad y penales contra los responsables.

Ya están aplicando la delegación de funciones del administrador general, mediante resoluciones de este funcionario, debidamente publicadas en Gaceta Oficial, sin embargo, estas delegaciones tienen taras jurídicas, ya que están redactadas al margen de la ley y la Jurisprudencia Nacional, porque no se han hecho con base en desgloses y enunciaciones específicas y porque son delegaciones totales. Resulta necesario citar parte de la sentencia de 20 de diciembre de 2001 de la Corte Suprema, bajo la ponencia del magistrado Arturo Hoyos, que resolvió: “...la autoridad facultada por ley para delegar sus funciones cuenta con las siguientes limitaciones: solo puede delegar atribuciones que posea, no puede delegar en bloque todas las facultades sino una o determinadas funciones y no puede delegar las facultades que posea por delegación…".

ARAP debe reestructurarse, en lo que se refiere a la aprobación y adopción de normas pesqueras, para dejar sin efecto aquellas que son ilegales, y readoptar las que son útiles y necesarias, pero por los medios legales.

La seguridad alimentaria y la conservación ambiental, de las cuales la ARAP es un componente gubernamental importante, están en riesgo, si no se toman medidas serias y urgentes, para garantizar que la institución deje el estilo de gestión que le ha caracterizado.

Gabriel D’Annunzio Rosanía

Abogado y locutor